El abogado Hermindo González informó que el pasado lunes se desarrolló la última audiencia prevista dentro del proceso judicial vinculado al caso de Lautaro Rosé, instancia en la que estaba contemplado el testimonio de una persona que finalmente no se presentó ante el tribunal.
Ante esa situación, se dispuso la incorporación de su declaración por lectura al expediente y se fijó como nueva fecha procesal el miércoles 18 a partir de las 8 de la mañana, jornada en la que se realizarán la reproducción de los alegatos finales y el dictado de la sentencia.
El letrado remarcó que la causa lleva más de cuatro años de investigación y que el segundo debate oral se desarrolló en un período relativamente breve debido a la aplicación de la metodología establecida por el nuevo código procesal, que prevé audiencias diarias y una dinámica más ágil en el tratamiento de los casos.
En ese marco, González sostuvo que el avance del proceso judicial permitió consolidar certezas sobre lo ocurrido y sobre la responsabilidad de los imputados en los hechos investigados. Según explicó, el expediente ya cuenta con elementos suficientes que vinculan a los acusados como autores y coautores de delitos calificados como incumplimiento de funcionario público, apremios y abandono de persona agravado por el resultado muerte.
El abogado señaló que el desarrollo de las audiencias permitió reconstruir el contexto de los acontecimientos y afirmó que el tribunal se encuentra en condiciones de emitir una resolución fundada en base al material probatorio reunido durante la investigación y el debate oral.
En relación con el contexto histórico en el que se desarrollan las políticas de memoria en la Argentina, González se refirió a la proximidad del cincuentenario del golpe de Estado de 1976, al que definió como una etapa marcada por la violencia institucional.
El abogado describió aquel período como una "terrible pesadilla" en la que el Estado argentino adoptó prácticas propias del terrorismo de Estado, entre ellas secuestros, desapariciones forzadas, apropiación de bebés y torturas sistemáticas. En esa línea, caracterizó el régimen instaurado en 1976 como una dictadura cívica, militar y eclesiástica, y subrayó el rol que desempeñaron las organizaciones sociales y de derechos humanos en la resistencia y en el proceso de recuperación de la democracia.
Marisa Sanabria, por su parte, destacó la significación social y política del 24 de marzo como fecha de conmemoración colectiva y de reafirmación democrática. Según expresó, la jornada representa un avance en la apropiación social del significado de vivir en un sistema democrático y en la valoración de los derechos conquistados.
La referente señaló que el golpe de Estado buscó imponer por la fuerza una transformación profunda de la matriz económica, productiva y social del país, orientada a desarticular la industria nacional y consolidar un modelo agroexportador que modificó de manera estructural el perfil económico argentino.
BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS Y DENUNCIAS ACTUALES DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
El fiscal Diego Vigay explicó que la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura continúa siendo un proceso complejo que combina trabajo judicial, investigación histórica y análisis científico. Según describió, se trata de una labor que definió como una "tarea artesanal", realizada con el acompañamiento del Equipo Argentino de Antropología Forense, institución especializada en la recuperación e identificación de restos humanos vinculados a crímenes de lesa humanidad.
En ese marco, Vigay recordó el hallazgo y posterior identificación de tres personas cuyos cuerpos habían sido enterrados como NN en el cementerio de Empedrado: Rómulo Artieda, "Bocha" Pereira y Carlos Terenzuc. De acuerdo con la investigación, los cuerpos habían sido recuperados del río Paraná entre 1976 y 1977 y presentaban signos de violencia extrema, entre ellos mutilaciones en las yemas de los dedos, cortes en el abdomen para impedir que flotaran y disparos en el cráneo.
El fiscal indicó que un fallo judicial determinó que en la región del nordeste argentino existió un mecanismo sistemático de arrojamiento de cuerpos al río Paraná, práctica que guardaría similitudes con los denominados vuelos de la muerte documentados en otros centros clandestinos del país.
El funcionario judicial destacó además el valor reparador que tienen estas identificaciones para las familias de las víctimas, muchas de las cuales atravesaron décadas de incertidumbre respecto del destino de sus seres queridos. En ese sentido, remarcó que cada avance en la reconstrucción de los hechos permite aportar elementos a la memoria colectiva y fortalecer los procesos judiciales que investigan crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
En paralelo, González denunció la persistencia de prácticas violatorias de los derechos humanos en contextos actuales y advirtió que algunos mecanismos utilizados durante la dictadura todavía se reproducen en determinadas dependencias institucionales. El abogado sostuvo que existen detenciones arbitrarias y situaciones de tortura que afectan principalmente a jóvenes de barrios vulnerables de la ciudad de Corrientes, y afirmó públicamente la existencia de "grupos parapoliciales" que realizarían recorridos nocturnos sin identificación en sectores empobrecidos.
Como ejemplo mencionó el caso de Lautaro Rosé y señaló que "el 75% de los jóvenes del barrio tienen perdigones de bala de goma en su cuerpo", situación que atribuyó a operativos represivos. Según planteó, frente a estos hechos el Estado muchas veces construye mecanismos de encubrimiento orientados a garantizar la impunidad mediante la obstrucción de pruebas.
