Por Alejandro Bovino Maciel
Cualquiera puede detectar con perplejidad la enorme cantidad de ciudadanos/as con ignorancia básica de las cuestiones políticas, que es como decir públicas. No deberíamos confundir política con partidos políticos, es como confundir deportes con Boca Juniors, que es un club deportivo, pero uno más. El deporte es mucho más amplio que eso, es la actividad que engloba a todos y todas aquellas personas que practican actividades físicas competitivas.
Nuestra política nacional asienta sobre una república que es un sistema de gobierno que propone un máximo ejecutivo ejercido por un presidente o un primer ministro que son elegidos a través de comicios públicos. Este presidente o primer ministro electo tiene poderes y atribuciones establecidos en la constitución o carta magna de cada país, donde se fija claramente los límites de sus atribuciones. Qué puede y qué no puede hacer por sí mismo[1]. Este ejecutivo comparte el poder con otros dos poderes: legislativo y judicial. Y aquí empezamos con los tropiezos. Para que algo se llame legítimamente “poder” en una república, ese poder debe ser delegado por la población que es la que nominalmente gobierna pero escoge representantes que ejercen en su nombre (diputados y senadores en el legislativo) elegidos por ese mismo pueblo por medio de comicios. El legislativo es quien redacta las leyes que afectan a toda la sociedad. Es un complicado cuerpo colegiado en el que se debaten y discuten las leyes que entrarán a regir a partir de su promulgación. Hasta aquí todo bien. Pero ahora entramos en la zona de penumbras. El llamado poder judicial no es elegido por la gente, por tanto, no es un poder legitimado ya que la población no participa en su conformación, ni directa ni indirectamente. ¿Conoce usted el nombre de tres jueces federales? ¿Sabe cuántos ministros deben formar la Corte Suprema, que es la máxima instancia? ¿Sabe cómo se escogen los candidatos? ¿Intervino en alguna elección para designar ministros de la corte o jueces federales, o camaristas? Si no han sido designados por medio de votaciones de la población, no tienen el “poder” que el pueblo delega en quienes ha elegido por medio de elecciones. Entonces, el poder judicial no es legítimamente un poder. Es un sistema aparte que funciona en sombras en su armado y funcionamiento. Mucho nepotismo, muchas turbiedades en sus designaciones, mucha opacidad en sus medidas, mucho tecnicismo que oculta deficiencias por donde se mire.
México ha iniciado recientemente un proceso de elecciones de jueces por medio de votaciones extrapartidarias, es decir, no como candidatos de los partidos políticos existentes sino por medio de elecciones específicas judiciales, por fuera de las elecciones para cargos políticos.
Bolivia tiene un sistema que funciona desde 2011 donde los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura se eligen por voto popular.
Suiza escoge por medios electivos los jueces cantonales y E.E.U.U. tiene elecciones judiciales que varían acorde a cada estado de la Unión.
En síntesis, para ser genuinamente una república, las autoridades de los tres poderes deberían ser electos por el pueblo que es el único soberano en una república.
BUENOS AIRES, MARZO 2026
[1] Recientemente esto le ha generado un enorme problema al señor Trump. La constitución de EEUU dice claramente que la declaración de guerra es atributo del Congreso legislativo. Es por eso que don Trump habla de “ataque”, “defensa” y otros eufemismos para referirse el reciente ataque a Irán. No puede llamar “guerra” porque estaría violando la carta magna. El ejecutivo allá tiene la libertad de ordenar ataques preventivos pero eso tiene un periodo breve, luego debe pasar por el congreso para continuar con la escalada bélica.
