El Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las personas con Discapacidad, que nuclea a organizaciones que representan a usuarios y sus familias, prestadores, instituciones y transportistas, emitió un comunicado .
Recuerda el Foro que el Congreso reconoció esta problemática al aprobar y ratificar con sus dos cámaras la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, uno de cuyos ejes centrales es, precisamente, dar respuesta a la grave situación que atraviesan los prestadores, a través de una compensación arancelaria y de la actualización de los valores de los aranceles, con el objetivo de sostener la continuidad de los servicios.
Acto seguido, subraya que el artículo 13 de la Ley establece una compensación correspondiente a la diferencia entre el porcentaje de aumento de los aranceles aprobados entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, ambos inclusive, y el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) determinado por el INDEC para el mismo período.
Advierte el Foro que en su respuesta al Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, que obligó al Gobierno a cumplir con la Ley, la Procuraduría de la Nación reconoció una diferencia del 10,5%: "Sin embargo, los prestadores sostienen que dicha diferencia asciende al 27,79%".
A continuación, expone: "Actualmente, esta compensación se encuentra en proceso de cálculo por parte de los financiadores obligados a su pago. Una interpretación razonable de la normativa permite concluir que, independientemente del porcentaje que finalmente se determine, dicho valor debería ser incorporado al cálculo del arancel vigente al 1º de enero de 2025. Sin embargo, esta cuestión no fue abordada en el ámbito del organismo responsable de la fijación de los aranceles".
