Vecinos, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos comprometidos con la preservación de la memoria histórica realizaron un abrazo simbólico en defensa del Espacio de Memoria del Regimiento de Infantería 9 (RI9), en la ciudad de Corrientes.
La convocatoria, difundida a través de una gacetilla de prensa con pedido de publicación, reunió a un importante número de asistentes frente al histórico edificio que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. La manifestación tuvo como objetivo expresar preocupación ante la incertidumbre sobre el destino del predio y reafirmar el carácter público, educativo y testimonial del sitio.
La movilización se produjo ante la amenaza de una posible venta del inmueble por parte del Gobierno nacional y frente al silencio respecto del destino que la provincia de Corrientes le daría al lugar en caso de adquirirlo. Según señalaron los organizadores, esta falta de definiciones oficiales generó inquietud en distintos sectores de la comunidad, que consideran indispensable garantizar la continuidad del espacio como ámbito de memoria histórica y de acceso público. La convocatoria buscó así visibilizar el reclamo y advertir sobre la necesidad de preservar el predio en su función actual.
La actividad, organizada por agrupaciones locales, organismos de derechos humanos y diversos actores sociales, incluyó un recorrido por las instalaciones del ex centro clandestino. Durante la mañana, los presentes escucharon testimonios de personas que vivieron la represión de Estado en Corrientes y de familiares de víctimas, en un ejercicio de memoria directa que puso en primer plano las experiencias individuales y colectivas vinculadas al terrorismo de Estado. El abrazo simbolizó un reclamo colectivo para que el sitio no deje de existir como espacio de memoria pública, abierto a la comunidad.
MARCO HISTÓRICO Y LEGAL DE LOS SITIOS DE MEMORIA
El Espacio de Memoria RI9 preserva el lugar donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y desaparición de personas entre 1976 y 1983, período correspondiente a la última dictadura cívico-militar en Argentina. Como otros espacios similares en el país, cumple una función pedagógica y simbólica orientada a recordar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Su señalización y apertura al público forman parte de una política de memoria que busca consolidar la construcción histórica colectiva y contribuir a los procesos judiciales vinculados a crímenes de lesa humanidad.
El reconocimiento formal de estos lugares cuenta con respaldo normativo a través de la Ley Nacional N.º 26.691, que establece la preservación y conservación de sitios y espacios de memoria por su valor testimonial y por su aporte a las investigaciones judiciales. Esta normativa fija criterios de protección y asigna al Estado responsabilidades específicas en materia de conservación, entendiendo que estos espacios constituyen pruebas materiales de los delitos cometidos y recursos fundamentales para la educación en derechos humanos.
En ese contexto, los abrazos ciudadanos realizados en distintos puntos del país en defensa de sitios de memoria se inscriben en una tradición de participación social orientada a sostener la verdad histórica y los procesos de justicia. La movilización en torno al RI9 se suma a estas expresiones colectivas, combinando iniciativa comunitaria con una demanda explícita de definiciones por parte de las autoridades en relación con las políticas públicas de preservación del pasado reciente.
AGENDA CONMEMORATIVA Y RECLAMOS A LAS AUTORIDADES
Los organizadores señalaron que la defensa del Espacio de Memoria RI9 no constituye un reclamo aislado, sino que se integra a una agenda más amplia vinculada a los 50 años del golpe de Estado de 1976. En ese marco, durante el año se multiplican actividades de reflexión, señalización comunitaria y acciones pedagógicas destinadas a promover la memoria y el debate público sobre el período dictatorial. La preservación de estos sitios, sostienen, honra a víctimas y sobrevivientes y fortalece la educación de las nuevas generaciones en torno a los derechos humanos y las garantías constitucionales.
Asimismo, advirtieron que la continuidad de estos espacios resulta clave frente a los riesgos del negacionismo o el olvido, en tanto constituyen soportes materiales de la memoria colectiva. Desde esta perspectiva, el mantenimiento del RI9 como lugar de memoria pública no solo responde a un imperativo histórico, sino también a una política activa de formación ciudadana y de reafirmación de valores democráticos.
La jornada concluyó con un llamado explícito a que las autoridades se pronuncien públicamente sobre el futuro del Espacio de Memoria RI9 y garanticen su permanencia como ámbito de preservación histórica. El colectivo «50 Veces Memoría» manifestó que continuará en estado de alerta, con la convicción de que la memoria es irreemplazable y que su defensa constituye un deber cívico, en un contexto de incertidumbre sobre el destino del predio.
