Referentes de Barrio de Pie y de la Corriente Clasista y Combativa manifestaron su oposición a la reforma laboral, denunciaron la falta de proyectos de trabajo genuino para la economía popular, advirtieron sobre la posible eliminación del salario social complementario de 78 mil pesos y reclamaron políticas que reconozcan el trabajo comunitario y garanticen ingresos suficientes.
La dirigente social Soledad Franco, referente de la organización Barrio de Pie, expresó hoy en una breve rueda de prensa una postura de rechazo categórico frente a la reforma laboral impulsada a nivel nacional, remarcando que el espacio que integra se encuentra “totalmente en contra de esta reforma, apoyando a los trabajadores”.
Franco subrayó que la posición de la agrupación no es circunstancial, sino coherente con una trayectoria histórica de acompañamiento a los sectores laborales más vulnerables, en particular a quienes desarrollan tareas en condiciones de informalidad y dentro de la economía popular.
En ese sentido, Franco sostuvo que la reforma en discusión representa un retroceso en términos de derechos y oportunidades, especialmente para los trabajadores informales. “Estamos en total desacuerdo porque esto nos aleja más”, afirmó, y explicó que las organizaciones sociales vienen “luchando hace muchos años” por el reconocimiento del trabajo en la economía popular.
Desde su perspectiva, las modificaciones planteadas no generan mejores condiciones de empleo ni amplían el acceso a derechos, sino que profundizan la exclusión de sectores que ya se encuentran en una situación de alta precariedad laboral.
La dirigente también advirtió que la reforma laboral no corrige los problemas estructurales del mercado de trabajo, sino que desmantela conquistas previas. “En vez de construir, está destruyendo todo lo que se consiguió y en vez de reformar lo que está mal, está quitando los derechos a los trabajadores”, expresó.
Según Franco, este proceso impacta de manera directa en la posibilidad de acceder a un “trabajo digno” para los integrantes de las organizaciones sociales, objetivo que definió como central para el sector que representa.
TRABAJO INFORMAL, ECONOMÍA POPULAR Y DEMANDAS HISTÓRICAS
Desde la Corriente Clasista y Combativa, otra de las organizaciones presentes, se reforzó el diagnóstico sobre la situación de los trabajadores informales y la falta de políticas públicas inclusivas. Sus referentes señalaron que, al igual que en movilizaciones anteriores, continuarán acompañando al sector trabajador, remarcando que “nosotros somos también trabajadores informales”.
Uno de los ejes centrales del reclamo es la falta de proyectos productivos que generen empleo genuino. En ese marco, se mencionó como ejemplo un plan de construcción de viviendas, presentado como una promesa pendiente desde hace años.
La dirigente enfatizó que esta iniciativa permitiría no solo mejorar el acceso a la vivienda, sino también crear fuentes de trabajo estables para los integrantes de las organizaciones. Sin embargo, señalaron que hasta el momento dicho proyecto no se ha concretado, lo que profundiza la incertidumbre laboral.
Las organizaciones coincidieron en que su demanda principal sigue siendo “un trabajo real, que incluya un sueldo también que tenga que ver con lo que realmente se necesita”.
IMPACTO DEL AJUSTE Y RECLAMOS SOCIALES
Otro de los puntos destacados fue la situación del salario social complementario, que actualmente se encuentra en 78 mil pesos.
Desde las organizaciones advirtieron que este ingreso resulta insuficiente frente al contexto inflacionario y señalaron que existe preocupación ante la posibilidad de que sea eliminado.
Las referentes señalaron que, pese al esfuerzo cotidiano, persisten problemáticas estructurales como el hambre, las adicciones y la falta de oportunidades.
En ese marco, reclamaron que se valore y se reconozca “realmente el trabajo que hacemos los barrios”, destacando que las organizaciones sociales cumplen un rol activo en la contención y el sostenimiento de las comunidades más afectadas.
Finalmente, se remarcó que las políticas de ajuste tienen un impacto desigual en la sociedad. Según lo expresado, “el ajuste nos sigue llegando a los de abajo”, mientras que otros sectores continúan negociando y se mantiene el pago de la deuda.
