El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Guillermo Horacio Semhan, advirtió que el Poder Judicial atraviesa un duro contexto de restricción económica, no obstante, garantizó la operatividad del servicio y remarcó que el mismo no puede ser delegado. Además, se refirió a la aplicación de la ley de narcomenudeo y a la persistencia del delito rural.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Guillermo Horacio Semhan, explicó el alcance institucional de su cargo y precisó que, conforme a lo establecido por la normativa vigente, el presidente del Superior Tribunal ejerce también la presidencia del Consejo de la Magistratura de la provincia.
En ese marco, señaló que la conducción del organismo se encuentra integrada por un presidente titular y un presidente subrogante, función esta última que recae en el doctor Rey Vázquez, además de los consejeros titulares y suplentes provenientes de los colegios de abogados correspondientes a la segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción judicial, junto con los representantes de la Facultad de Derecho Estatal de Corrientes.
Semhan detalló que el Consejo de la Magistratura de Corrientes es un órgano de jerarquía constitucional, creado a partir de la última reforma de la Constitución provincial, y que cumple una función central en el sistema judicial. Según precisó, su misión es seleccionar a los jueces, asesores, defensores y fiscales de la provincia, y actuar como órgano acusador ante el Jurado de Enjuiciamiento en los casos de mal desempeño de los funcionarios que accedieron a sus cargos mediante el proceso de selección con acuerdo del Senado.
En esa línea, el presidente del Superior Tribunal sintetizó que el Consejo de la Magistratura cumple un doble rol estratégico: es el organismo encargado tanto de la selección como de la acusación de jueces, defensores, asesores y fiscales. Esta estructura, explicó, asegura un mecanismo institucional que articula control, idoneidad y responsabilidad funcional dentro del Poder Judicial, en concordancia con los principios constitucionales que rigen la organización del Estado provincial.
Consultado sobre los criterios que orientan la selección de magistrados, Semhan subrayó que todo el proceso se encuentra estrictamente regulado por la Constitución y la ley, y que el Consejo se limita a cumplir lo que establecen dichas normas y su reglamento interno. Aclaró que no existe margen para decisiones discrecionales, ya que cada instancia está predeterminada por un procedimiento formal que garantiza transparencia y legalidad.
PROCESO DE SELECCIÓN, INTERVENCIÓN DE PODERES Y CRITERIOS DE IDONEIDAD
El presidente del Superior Tribunal explicó que el mecanismo de selección comienza con la convocatoria a concurso, cuyos requisitos están expresamente previstos en la Constitución. El proceso incluye un examen escrito, la evaluación de antecedentes y un coloquio, instancias que tienen un peso determinante en la calificación final de los postulantes. Una vez concluida esa evaluación integral, se confecciona una terna con los tres mejores candidatos, la cual es elevada al Poder Ejecutivo provincial.
Semhan precisó que, a partir de ese momento, el gobernador dispone de un plazo de quince días para elegir a uno de los integrantes de la terna. En caso de no ejercer esa facultad dentro del plazo establecido, queda automáticamente seleccionado el candidato que obtuvo el primer lugar en el orden de mérito. Posteriormente, el pliego correspondiente es remitido al Senado de la provincia, que cuenta con cuarenta y cinco días para prestar o negar su acuerdo. Si el Senado no se expide en ese lapso, el candidato queda automáticamente designado en el cargo.
El magistrado remarcó que se trata de un procedimiento que involucra de manera directa a los tres poderes del Estado. En primer término interviene el Consejo de la Magistratura, luego el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y finalmente el Superior Tribunal de Justicia, que es el encargado de tomar juramento al funcionario designado. Este esquema, sostuvo, refleja la importancia institucional de los cargos judiciales y asegura un sistema de equilibrios y controles recíprocos.
En relación con las condiciones para el acceso y la permanencia en los cargos judiciales, Semhan recordó que la buena conducta es un requisito indispensable. Señaló que jueces, asesores, defensores y fiscales permanecen en sus funciones mientras mantengan esa condición, sin un límite etario para el ejercicio del cargo, siempre que cumplan con los requisitos de idoneidad técnica y moral exigidos por la normativa vigente.
DESAFÍOS DEL PODER JUDICIAL, PRESUPUESTO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Al referirse al vínculo con el nuevo Poder Ejecutivo iniciado en 2026, el presidente del Superior Tribunal indicó que el Poder Judicial históricamente ha promovido un diálogo institucional fluido con los demás poderes del Estado. Afirmó que se trabaja de manera conjunta y que la ley de presupuesto, ya aprobada, constituye la norma central que rige el funcionamiento de los tres poderes y de toda la provincia.
En cuanto a la aplicación de la ley de narcomenudeo, Semhan explicó que el Poder Judicial se encuentra trabajando activamente en su implementación, con una carga de trabajo que recae principalmente sobre los fiscales y el laboratorio de análisis del Instituto Médico Forense. Detalló que algunos estudios podrán realizarse dentro del propio organismo, mientras que otros deberán ser tercerizados mediante convenios con facultades de bioquímica, farmacia o laboratorios especializados, debido a que el Instituto Médico Forense no podrá absorber la totalidad de las pericias requeridas.
El presidente del Superior Tribunal reconoció que la implementación de esta normativa implica una tarea ardua y progresiva, y anticipó que será necesario solicitar mayor apoyo político y presupuestario, especialmente en lo vinculado a la investigación científica, el fortalecimiento de los laboratorios y la adquisición de reactivos, cuyo costo es elevado. En ese sentido, afirmó que el diálogo con el gobernador y con los distintos funcionarios es permanente.
Finalmente, Semhan evaluó las perspectivas económicas para el año en curso y advirtió que se trata de un período marcado por fuertes restricciones, en línea con la situación nacional, provincial y municipal. No obstante, subrayó que el Poder Judicial es un servicio esencial que no puede ser delegado, ya que el Estado provincial tiene la obligación de garantizar el servicio público de justicia. Al referirse a la problemática del delito rural, sostuvo que todos los delitos son relevantes y que cada víctima requiere una atención especial y la protección efectiva del Estado.
