La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) formalizó una solicitud ante el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, con el objetivo de revisar el esquema de multas previsto en la denominada Ley de Inocencia Fiscal.
La presentación se realizó el 26 de enero de 2026 y se inscribe en una serie de observaciones y consideraciones que la entidad empresaria ya había acercado con anterioridad a la cartera económica nacional, en el marco del seguimiento de las políticas tributarias y su impacto sobre el sector productivo.
Desde la entidad se explicó que la iniciativa busca preservar al entramado pyme federal y promover su desarrollo, en un contexto económico caracterizado por restricciones financieras, altos costos operativos y una presión fiscal que afecta de manera diferenciada según el tamaño y la capacidad económica de los contribuyentes. En ese sentido, CAME planteó la necesidad de introducir criterios de proporcionalidad que permitan adecuar las sanciones previstas por la normativa vigente a la realidad de cada segmento empresarial.
La propuesta fue elevada para que, a través de las facultades del ministro de Economía, se instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a dictar normas complementarias. Dichas disposiciones tendrían como finalidad morigerar la incidencia de las multas establecidas en la Ley de Inocencia Fiscal, evitando que su aplicación uniforme genere efectos regresivos o comprometa la continuidad de pequeñas y medianas unidades productivas en distintas regiones del país.
Según se detalla en la comunicación institucional, la solicitud de CAME no implica una modificación del espíritu de la ley ni un desconocimiento de las obligaciones fiscales, sino una adecuación de los montos sancionatorios. El planteo se apoya en el principio de capacidad contributiva y en la necesidad de fortalecer la formalización y el cumplimiento voluntario, reduciendo el riesgo de que las penalidades se conviertan en un obstáculo para la actividad económica.
PROPUESTA DE REDUCCIÓN Y ALCANCE SOBRE LAS PYMES
El esquema presentado por CAME contempla una reducción porcentual de los importes de las multas, diferenciada según la categoría del contribuyente. Para el caso de la microempresa y la persona humana que no califique como “gran contribuyente individual”, se propuso una reducción del 90 %, reconociendo la mayor vulnerabilidad financiera de este segmento frente a sanciones de elevada cuantía.
En el caso de las pequeñas empresas, la entidad solicitó que la reducción alcance el 70 %, mientras que para las medianas empresas Tramo I el porcentaje sugerido es del 40 %. Estas categorías representan una parte sustancial del empleo formal y de la producción nacional, por lo que CAME remarcó la importancia de preservar su capacidad operativa y su aporte al desarrollo económico local.
Para las medianas empresas Tramo II, el esquema plantea una reducción del 20 % en los montos de las multas previstas por la Ley de Inocencia Fiscal. Aunque se trata de unidades con mayor volumen de facturación relativa, la propuesta reconoce que también enfrentan limitaciones en el acceso al crédito y en la absorción de costos extraordinarios derivados de sanciones fiscales elevadas.
La confederación sostuvo que la aplicación de este esquema permitiría compatibilizar los objetivos de control y recaudación del Estado con la sostenibilidad del sector pyme. En ese marco, consideró que una política sancionatoria gradual y proporcional contribuiría a fortalecer la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes, promoviendo un entorno más previsible para la inversión y la generación de empleo.
