La baja del impuesto a las ganancias ocupa un lugar central en la agenda económica del Gobierno de Corrientes por su impacto directo sobre los recursos provinciales.
El gobernador Juan Pablo Valdés advirtió que la medida “complica en cerca de 70.000 millones”, al tiempo que remarcó que se trata de un tema que la Provincia viene discutiendo con Nación en un contexto de fuerte restricción fiscal. Según explicó, el desafío radica en sostener la competitividad sin que ello implique un empobrecimiento estructural de las provincias.
El mandatario señaló que la discusión sobre el impuesto a las ganancias se inscribe en un escenario más amplio de caída de la coparticipación federal, lo que obliga a revisar con cautela cualquier decisión que impacte en los ingresos corrientes. En ese sentido, sostuvo que “lo que buscamos justamente es que ser competitivo no signifique que las provincias sean pobres”, marcando una postura crítica frente a políticas tributarias que reducen recursos sin mecanismos compensatorios claros.
Valdés vinculó esta situación con la necesidad de encontrar un nuevo punto de equilibrio fiscal que permita realizar anuncios salariales responsables. Explicó que, si bien se está cumpliendo con el cronograma de pagos vigente, incluyendo la segunda cuota del bono de inicio de año, el Gobierno provincial continúa evaluando mejoras salariales, condicionadas por la evolución de los ingresos y por el impacto de decisiones nacionales como la baja del impuesto a las ganancias.
COPARTICIPACIÓN, DEUDAS Y DISCUSIONES CON NACIÓN
En relación con el vínculo financiero con el Estado nacional, el gobernador precisó que la deuda que Nación mantiene con Corrientes alcanza cifras significativas. Detalló que, en concepto de caja previsional, el monto adeudado ronda los 200.000 millones de pesos, a lo que se suman otros 50.000 millones correspondientes al consenso fiscal. A ello se agrega un reclamo judicial por regalías que, según indicó, ascendería a unos 30.000 millones de pesos.
Valdés explicó que, si bien se registraron algunos pagos parciales, estos no tuvieron continuidad, por lo que la Provincia continúa con gestiones administrativas y judiciales para regularizar la situación. Señaló que en febrero se avanzará en auditorías y en un esquema de compensación de cajas, y que posteriormente se analizará, una vez que la justicia lo determine, cómo ordenar el flujo de fondos que la Provincia necesita para sostener su funcionamiento y encarar obras pendientes.
En este marco, el gobernador también se refirió a la discusión en torno a un fondo compensatorio vinculado a cuestiones laborales. Manifestó que la Provincia considera inapropiado “entregar directamente a los empresarios el 3% de una financiación de la ANSES” sin claridad sobre su destino, y remarcó la necesidad de que cualquier beneficio esté orientado principalmente a pequeños productores, pequeños empresarios y comercios, evitando una concentración de ventajas en grandes empleadores.
OBRAS, PRODUCCIÓN Y CONTEXTO ECONÓMICO
En paralelo a las discusiones fiscales, Valdés detalló el avance de obras de infraestructura consideradas prioritarias. Entre ellas mencionó los proyectos para aliviar la cuenca de San Luis, los trabajos de desagües en la ciudad de Corrientes y la preparación de la licitación del nuevo desagüe de Cambacuá, con el objetivo de mitigar los efectos de lluvias intensas en zonas urbanas. Asimismo, indicó que se intervendrá en caminos productivos mediante obras de pavimentación a cargo de Vialidad Provincial.
El gobernador también describió la situación hidrológica en la cuenca del Riachuelo, a la que calificó como “verdaderamente compleja”. Explicó que, pese a la falta de lluvias, el nivel del río desciende lentamente y que precipitaciones intensas en una amplia cuenca pueden provocar subas abruptas, con largos períodos de recuperación. En ese contexto, aseguró que el Gobierno provincial acompaña a las localidades afectadas, como San Roque y Santa Lucía, a través del trabajo coordinado con intendencias y ministerios.
Finalmente, Valdés se refirió a la situación de una empresa radicada en Goya, afectada por altos costos y caída de ventas. Indicó que la firma enfrenta pérdidas mensuales estimadas entre 500 y 900 millones de pesos y que la Provincia tiene un margen de acción limitado, dado que “no cobramos impuestos porque tenemos cero impuestos a las industrias”. Atribuyó parte de la dificultad a la apertura de importaciones y a la competencia de mercados con costos laborales muy bajos, como India y China, lo que complica la sostenibilidad de la producción local.
