El Gobierno oficializó este martes la distribución de las partidas establecidas por el Presupuesto 2026 y definió las reglas que determinarán el manejo y control de los fondos y de la designación de cargos públicos en cada organismo.
Así lo formalizó el Ejecutivo a través de la decisión administrativa 1/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.
La decisión administrativa desglosa la distribución de los fondos y de los cargos laborales para todos los organismos públicos. Se incluyen tanto los gastos corrientes como los de capital.
La norma oficializada señala que el jefe de Gabinete de Ministros tendrá la potestad de dividir los créditos a nivel de las partidas más pequeñas, de acuerdo con programas o categorías. Así, el Gobierno apunta a tener un mayor control sobre el uso de los presupuestos de cada área.
La medida también plantea restricciones a la hora de cubrir vacantes de personal en los distintos organismos. Los organismos deberán certificar que el puesto está realmente libre y que hay dinero asignado para ese cargo. Asimismo, los movimientos en cargos ejecutivos solo se podrán aprobar con la intervención previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que depende de la cartera de Federico Sturzenegger, y la Secretaría de Hacienda, que está en la órbita de Caputo.
Por otra parte, todos los organismos tendrán que informar cada tres meses a Hacienda la evolución de su dotación de personal y contrataciones. Si alguna dependencia incorpora cargos o modifica su estructura, deberá justificarlo y presentar un informe de costos y financiamiento antes de recibir aprobación, de acuerdo con lo estipulado por la medida de este martes.
En tanto que las jurisdicciones que manejen gastos de inteligencia deberán pedir autorización expresa a la SIDE antes de movilizar fondos o modificar sus planes presupuestarios.
Para realizar compras de bienes de uso u obras, los organismos deberán tener de forma obligatoria un dictamen técnico favorable de la Dirección Nacional de Inversión Pública.
Fuente: Ámbito.
