La Sociedad Rural de Paso de los Libres emitió un comunicado institucional fechado el 9 de enero de 2026 en el que declaró el estado de alerta frente a lo que definió como una crisis de seguridad rural, marcada por la morosidad judicial y la persecución a las fuerzas de seguridad en el departamento.
En el documento, la entidad que representa a los productores agropecuarios de la jurisdicción advirtió sobre una degradación del servicio de justicia y un escenario de indefensión del sector productivo ante el avance del crimen organizado.
Según la institución, esta situación compromete la vigencia del Estado de Derecho y pone en riesgo la actividad ganadera y la seguridad jurídica en amplias zonas del litoral correntino.
Uno de los ejes centrales del comunicado es el denominado caso “La Cruz”, que la entidad calificó como un “paradigma de la inacción fiscal”. Allí se cuestiona el accionar de la Unidad Fiscal de Instrucción a cargo del Dr. Facundo Sotelo durante un operativo policial iniciado el 5 de enero de 2026, que permitió interceptar un camión con veinte animales en situación irregular.
De acuerdo con el texto, un procedimiento considerado exitoso fue neutralizado por una demora procesal de aproximadamente treinta horas, situación que, según la entidad, somete a las fuerzas de seguridad y a los damnificados a una espera prolongada bajo condiciones climáticas extremas y favorece la destrucción de pruebas.
La Sociedad Rural sostuvo que este accionar no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón de morosidad judicial que vulnera los principios de celeridad y eficacia previstos en el nuevo Código Procesal Penal.
PERSECUCIÓN POLICIAL Y AVANCE DEL CRIMEN ORGANIZADO
El comunicado también expresa una fuerte preocupación por lo que describe como un sistema de represalias administrativas y judiciales contra efectivos policiales que obtienen resultados en la lucha contra el abigeato.
La entidad denunció la existencia de sumarios, traslados y causas judiciales de dudosa legitimidad contra agentes comprometidos con la seguridad rural, lo que definió como un “mundo del revés” que castiga el mérito y beneficia al ecosistema criminal.
En ese marco, la Sociedad Rural afirmó que no permitirá que “los oficiales trabajadores” sean convertidos en rehenes de internas policiales, judiciales o políticas, y exigió la protección inmediata de quienes combaten las zonas liberadas, la faena clandestina y la denominada ruta de la carne.
En paralelo, la institución alertó que el abigeato en el litoral correntino ha mutado hacia una estructura de criminalidad organizada que utiliza rutas y métodos similares a los del narcotráfico.
Según el documento, la impunidad con la que operan estas bandas está provocando el vaciamiento de los campos, el retroceso de la inversión ganadera y un proceso de extinción de la producción lanar.
Frente a este escenario, la entidad informó que analiza, al amparo de la Ley Nº 5.848, la presentación de denuncias ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño y negligencia grave de funcionarios judiciales, y reclamó de manera urgente la convocatoria a una Mesa de Crisis Ampliada con la participación de autoridades provinciales, nacionales, judiciales y de la cúpula policial.
