Por José Guillermo Alfonso
La política internacional actual se ha transformado en un "Huevo Kinder": una fachada atractiva de diplomacia y protocolos que, al abrirse, solo ofrece la sorpresa de arreglos oscuros y el reparto del mundo entre potencias. Mientras en foros como la CELAC se llenan la boca con proclamas de integración, lo que impera es el silencio cómplice de jefes de Estado que actúan como bandidos, validando con su omisión a regímenes que se atornillan al poder mediante el fraude, la elite económica y el narcotráfico.
En este tablero, potencias como Estados Unidos y China juegan a ser los "protectores circunstanciales" de naciones en crisis. Sin embargo, su protección no es gratuita: es un intercambio de auxilio financiero o militar por soberanía territorial y recursos estratégicos. El colapso de la institucionalidad global es evidente. Organizaciones como la ONU y la OEA han demostrado ser estructuras burocráticas vacías, incapaces de frenar invasiones o capturar tiranos. El Consejo de Seguridad permanece paralizado por el derecho a veto de los poderosos, mientras la OMS o el FMI funcionan más como herramientas de condicionamiento que como soluciones reales. Han fracasado porque su diseño protege la "soberanía" de los victimarios por encima de la vida de las víctimas.
La globalización de los acuerdos comerciales es el nuevo campo de batalla de esta hipocresía. Un ejemplo claro son los convenios recientemente impulsados entre Europa y el Mercosur (donde países como Paraguay son presentados como grandes beneficiarios). Mientras las élites políticas celebran estos pactos, la realidad en las calles cuenta otra historia: desde el otro lado del continente, los productores agropecuarios europeos salen a protestar masivamente, denunciando que estos convenios los perjudican al fomentar una competencia desleal y priorizar los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. El acuerdo que beneficia al burócrata termina destruyendo al productor real, tanto en el origen como en el destino.
Este escenario permite que bloques como la OTAN jueguen a la "foto oficial" de defensores de la libertad, mientras por debajo financian el acompañamiento militar según conveniencias de mercado. Es una gestión de la miseria donde los países débiles, sumidos en crisis que sus dirigencias no saben o no quieren ordenar, terminan entregando su patrimonio —litio, alimentos, energía— a cambio de una estabilidad ficticia. El derecho internacional actual es, en esencia, un manual de instrucciones para el saqueo legalizado.
Es imperativo dejar de convalidar gobiernos sin justicia y sin límites a través de financiamiento que arranca en parte por el lado del narcotráfico, que hoy funciona como el verdadero sistema circulatorio de las dictaduras modernas. La propuesta que debe emerger es una Constitución para la Humanidad. Debemos transitar de la visión nacional a una visión humana. Necesitamos un Gran Consejo de la Humanidad con peso real, capaz de intervenir financieramente y ejecutar la captura de tiranos y corruptos, sin pasar por la "mesa de reparto" de las potencias.
Incluso la mirada hacia el futuro está viciada. Se habla de esquemas de robotización para poblar la Luna, con máquinas trabajando sin descanso para crear nuevas estructuras. Si no cambiamos el orden actual, esa expansión tecnológica será solo una nueva forma de control poblacional, no solo en la producción, sino en el pensamiento. La tecnología y la automatización deben declararse patrimonio común para liberar al hombre de la escasez, y no ser el refugio de una élite que huye de un planeta que ha ayudado a devastar.
La soberanía no puede seguir siendo el derecho de los bandidos a oprimir a su pueblo tras fronteras amañadas. La verdadera soberanía es la de la especie humana. O refundamos el sistema bajo una justicia ejecutiva que no se arrodille ante los acuerdos comerciales de cúpulas ni ante el reparto de las potencias, o seguiremos siendo víctimas de la sorpresa amarga dentro del huevo: un mundo saqueado bajo el silencio de quienes deberían protegerlo.
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