El diputado nacional por Corrientes en LLA, Lisandro Almirón, sostuvo que la reforma laboral actualmente en tratamiento en el Congreso forma parte del mandato explícito que la sociedad expresó en las elecciones de octubre. En ese marco, afirmó que la iniciativa no constituye una acción aislada ni un respaldo circunstancial al Poder Ejecutivo, sino una consecuencia directa de la voluntad popular que eligió al presidente Javier Milei y a los legisladores que hoy integran el Parlamento nacional.
El legislador señaló que el resultado electoral otorgó legitimidad política a un programa de transformaciones profundas, entre las que se encuentra la revisión integral del régimen laboral argentino. Según explicó, ese mandato democrático compromete tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo a avanzar de manera coordinada en reformas estructurales que modifiquen las condiciones que, durante décadas, limitaron el desarrollo del empleo privado formal.
En ese sentido, Almirón remarcó que el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso incluye a diputados y senadores electos, quienes participan activamente en el diseño y debate de una reforma laboral orientada a corregir distorsiones históricas. El objetivo central, indicó, es generar un marco normativo que promueva el crecimiento del empleo registrado y revierta los obstáculos que desalentaron la contratación formal en amplios sectores de la economía.
Al referirse a la posición política del oficialismo, el diputado fue enfático al afirmar: “No estamos acompañando desde afuera: somos parte. La gente votó un cambio de rumbo y ese cambio incluye ordenar el mercado laboral, bajar el costo del trabajo y terminar con un sistema que desalienta la contratación y castiga al sector privado”. De este modo, vinculó de manera directa la reforma con el compromiso asumido ante el electorado.
FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE REFORMA
Almirón explicó que uno de los principales problemas del esquema laboral vigente es el precio artificial del trabajo, generado por una combinación de cargas impositivas, rigideces normativas y un entramado sindical que, según sostuvo, no facilitó el empleo registrado. De acuerdo con su análisis, este contexto contribuyó a expulsar a millones de trabajadores hacia la informalidad, debilitando tanto la protección laboral como la sostenibilidad del sistema.
En relación con los objetivos de la reforma, el diputado correntino indicó que la iniciativa busca brindar previsibilidad a los empleadores, reducir los niveles de litigiosidad laboral y desactivar incentivos que calificó como perversos. Según afirmó, estos mecanismos beneficiaron durante años a determinadas estructuras sindicales y judiciales, pero generaron efectos negativos tanto para los trabajadores como para las pequeñas y medianas empresas.
En ese marco, Almirón subrayó la relación directa entre el régimen laboral, la inversión y el empleo, al señalar: “Sin un marco laboral razonable no hay inversión, y sin inversión no hay empleo genuino. La Argentina necesita que contratar en blanco deje de ser un riesgo y vuelva a ser una decisión posible”. La declaración resume el eje económico de la reforma y su impacto esperado en el mercado de trabajo.
Finalmente, el legislador destacó que la reforma laboral se inscribe dentro de un proceso más amplio de transformación estructural impulsado por el gobierno nacional. Según expresó, este proceso se apoya en la articulación entre el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados y el Senado, con el propósito de liberar las fuerzas productivas, fortalecer al sector privado y reconstruir una economía sustentada en el trabajo, la inversión y la competitividad.
