(Por Alfonso).La zona rural de Corrientes no solo lucha hoy contra los excesos hídricos que obligan a movimientos de hacienda de emergencia hacia zonas altas; lucha contra un enemigo más silencioso y dañino: la burocracia judicial que ampara al cuatrerismo.
Mientras el productor se desvela para que su ganado no pierda peso ni cadena de alimento en medio de las lluvias, el delincuente rural aprovecha la vulnerabilidad del traslado. Pero hay un tercer actor en esta tragedia: el despacho fiscal que, por desidia o indiferencia, deja a la policía de manos atadas.
El muro de la indiferencia judicial
Es inadmisible que unidades de la Policía Rural (ex PRIAR) deban esperar más de 24 horas bajo las inclemencias del tiempo una respuesta del Ministerio Público Fiscal para proceder a detenciones. El reciente comunicado de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC) pone nombre y apellido a esta situación, señalando una falta de respuestas persistente que parece ignorar que el delito rural no espera.
La policía rural actúa, previene y patrulla con recursos limitados, pero choca contra un "muro de indiferencia" al momento de judicializar los hechos. Cuando la orden de un fiscal no llega, el esfuerzo del agente se pierde y la impunidad del delincuente se agiganta.
La urgencia de la transparencia: Estadísticas ya
Para solucionar un problema, primero hay que medirlo. Hoy, la provincia de Corrientes carece de un sistema de estadísticas públicas, segmentadas por municipio, que permita a la ciudadanía saber la verdad detrás del cuatrerismo:
• ¿Cuántas denuncias se radican por mes en cada departamento?
• ¿Qué porcentaje de esas denuncias llegan a una imputación real?
• ¿Cuántos de los detenidos son reincidentes que entran por una "puerta giratoria" judicial?
Sin estos datos, las políticas de seguridad son solo parches. Necesitamos saber quién es quién en el mapa del delito y, sobre todo, quién es quién en el mapa de la inacción judicial.
Un Observatorio de Seguridad Rural
La solución no es solo más patrulleros; es eficiencia en la cadena de mando. Hace falta la creación inmediata de un Observatorio de Seguridad Rural Provincial que rinda cuentas trimestralmente. Este organismo debe cruzar los datos de la Policía con los del Poder Judicial, exponiendo públicamente qué fiscalías están demorando las causas y permitiendo la reincidencia de los conocidos "personajes" que azotan a los pequeños y grandes ganaderos por igual.
Las autoridades de la Fiscalía General y al Ministerio de Seguridad a restablecer la coordinación. La seguridad rural no puede quedar a merced de decisiones unilaterales que debilitan el estado de derecho. El rigor de la ley debe aplicarse con firmeza, especialmente cuando la naturaleza ya le está haciendo la vida difícil al productor.
Justicia que llega tarde, no es justicia; es un permiso para seguir robando.
