“Los pactos con el diablo suelen tener éxito, el problema es que terminan saliendo caros”
Andrés Malamud,
La Nación
(Por Jorge Simonetti).Que encerrona para los que pretendemos conceptualizar la invasión de Estados Unidos y la captura de Maduro. Es como optar por el mal menor, entre un dictador y un megalómano. Pero no, a cada uno lo suyo.
La escena es de una potencia simbólica que incomoda: un presidente ilegítimo, Nicolás Maduro, capturado por fuerzas extranjeras, sacado de su país y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado como narcotraficante. El final parece cinematográfico; el problema es que la película es de terror jurídico y político.
Porque detrás del argumento moral -Maduro como dictador narco, responsable de encarcelamientos, asesinatos, exilios y fraudes electorales- se esconde una pregunta más grave: ¿puede una potencia invadir un país soberano, secuestrar a su jefe de Estado y justificarlo en nombre de los derechos humanos y la lucha contra el narcotráfico?
“El régimen de Maduro dejó de ser gobierno: fue una maquinaria de terror, corrupción, fraude y narcotráfico”.
Maduro no es un demócrata caído en desgracia. Es el jefe de un régimen autoritario que vació de contenido el voto popular, persiguió sistemáticamente a la oposición y convirtió al Estado venezolano en una maquinaria de control, corrupción y miedo.
El fraude electoral fue el mecanismo final de una degradación institucional prolongada. Sobre esto no hay demasiadas dudas.
Tampoco sobre la ineficacia -cuando no complicidad pasiva- de los organismos internacionales. La ONU y la OEA acumularon informes, declaraciones, misiones y comunicados que no evitaron ni una sola de las tragedias venezolanas. La diplomacia multilateral quedó reducida a una liturgia estéril frente a un poder que no reconocía límites.
Pero que el diagnóstico sea correcto no vuelve legítimo cualquier tratamiento. La administración Trump decidió invadir Venezuela, capturar a Maduro y llevarlo a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El juicio penal aparece así como una pátina legal, un barniz jurídico para ocultar lo esencial: una intervención armada unilateral en un país extranjero.
No fue una operación autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, no fue una misión de protección internacional, no fue una acción colectiva regional. Fue la decisión de una potencia que se arrogó el derecho de juez, jurado y ejecutor.
“Sin legalidad ni respeto electoral, la caída de Maduro cambia tiranía interna por tutela extranjera”.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el caso es extremadamente delicado. El principio de no intervención y el respeto a la soberanía estatal son pilares del orden jurídico global surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Incluso frente a violaciones masivas de derechos humanos, la llamada “responsabilidad de proteger” exige condiciones estrictas: última ratio, proporcionalidad, legitimidad colectiva.
Nada de eso ocurrió aquí. Estados Unidos actuó solo, con criterios propios y objetivos propios. El mensaje es inquietante: si un país poderoso decide que otro gobierna mal, puede invadirlo y llevarse a su presidente esposado.
El antecedente es devastador. Porque hoy es Maduro -un autócrata repudiable-, pero mañana puede ser cualquier otro gobernante incómodo. El derecho internacional no se construye para proteger a los buenos, sino para poner límites incluso frente a los peores. Cuando esos límites se rompen, el mundo deja de regirse por normas y pasa a hacerlo por relaciones de fuerza.
Hay además una segunda capa de hipocresía política. Trump no invade Venezuela para restaurar la democracia. No lo hizo antes y no lo hará ahora. La evidencia es clara: no tiene intención de respetar el resultado electoral ni de colocar en el poder a quien efectivamente ganó las elecciones: Edmundo González.
Su objetivo es otro: instalar un gobierno obediente a los intereses de Washington. Y en esa lógica aparece una figura inquietante, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del propio régimen, que durante años negoció bajo cuerda y ahora se presenta como pieza funcional a una transición controlada desde afuera.
La democracia venezolana no es prioridad; es excusa. Lo que se busca es previsibilidad geopolítica, alineamiento automático y control de recursos estratégicos, como el petróleo. La retórica de los derechos humanos sirve para consumo mediático, pero la praxis es la de siempre: realpolitik desnuda, sin disimulo.
En este contexto, el Nobel de la Paz otorgado a Corina Machado operó como una irritación personal para Trump. El reconocimiento internacional a una dirigente opositora con legitimidad popular desbarata el libreto del “hombre fuerte” que pone y saca gobiernos. De allí la reacción resentida: afirmar que el pueblo venezolano no la quiere.
No es un análisis político; es una pataleta de poder. Porque el Nobel no sólo visibiliza a Machado, sino que expone la contradicción central: si hay una líder reconocida por la comunidad internacional y por amplios sectores del pueblo, ¿por qué no permitir que lidere el proceso?
La captura de Maduro no cierra el drama venezolano; lo reconfigura de manera peligrosa. Cambia un autoritarismo interno por una tutela externa. Sustituye la opresión doméstica por la dependencia colonial. Y deja una enseñanza amarga: cuando el derecho internacional fracasa y la fuerza ocupa su lugar, no ganan los pueblos, ganan los imperios.
“Que los restos de la dictadura venezolana sean los interlocutores de Trump, nos confiere la pauta de que la acción armada de Estados Unidos tiene un fuerte tufo de intereses no democráticos”.
Venezuela necesitaba justicia, no escarmiento selectivo. Necesitaba elecciones libres, no invasiones. Necesitaba reconstruir sus instituciones, no verlas reemplazadas por la voluntad de un presidente extranjero.
La caída de un dictador puede ser celebrada; el método, jamás naturalizado. Porque cuando se aplaude la ilegalidad “por una buena causa”, el precio siempre lo pagan los mismos: las democracias débiles y los pueblos indefensos.
