El oficialismo en impulsará en la Legislatura dos proyectos de resolución para reclamar ante la Corte Suprema por “desigualdad de trato”, exigir mayor financiamiento para obras federales, denunciar la subejecución presupuestaria, reclamar la devolución de ATN retenidos, fondos viales y recursos para la caja previsional, y solicitar el cumplimiento de convenios nacionales pendientes.
El senador provincial Noel Breard confirmó que el oficialismo impulsará en la Legislatura local dos proyectos de resolución para reclamar ante la Corte Suprema por “desigualdad de trato”, exigir mayor financiamiento para obras federales, denunciar la subejecución presupuestaria, reclamar la devolución de ATN retenidos, fondos viales y recursos para la caja previsional, y solicitar el cumplimiento de convenios nacionales pendientes.
En declaraciones radiales, el legislador advirtió que la Corrientes enfrenta una situación de “desigualdad de trato” en causas federales y tributarias que ya cuentan con dictámenes favorables, pero que no avanzan en el máximo tribunal.
Según explicó, Corrientes cumplió todos los pasos procesales y obtuvo incluso la declaración de competencia de la Corte, respaldada por un dictamen del procurador, sin que hasta el momento se hayan activado las instancias formales siguientes.
Breard remarcó que, pese a ese avance jurídico, la Corte aún no “corrió traslado” de las demandas ni “generó la audiencia” obligatoria para continuar el proceso judicial. En sus declaraciones, subrayó que esta situación se prolonga sin justificación, mientras que otras provincias en circunstancias similares sí obtuvieron respuestas concretas.
El senador enfatizó que esta diferencia no puede explicarse por criterios técnicos o legales, dado que los planteos correntinos se encuadran en los mismos parámetros constitucionales que los de otras jurisdicciones.
En ese sentido, comparó el caso de Corrientes con el de Chaco y Entre Ríos, provincias a las que la Corte sí les dio traslado de las demandas y les otorgó audiencias. A partir de esa comparación, afirmó que la discrecionalidad del máximo tribunal “no puede convertirse en arbitrariedad”, ya que ello vulnera el principio de razonabilidad y consolida una “desigualdad de trato” incompatible con el federalismo y la igualdad ante la ley.
OBRAS FEDERALES Y PRESUPUESTO NACIONAL
El senador, por otra parte, se refirió a la situación presupuestaria de Corrientes y al financiamiento de obras de infraestructura a cargo del Estado nacional. Según afirmó, la provincia está “mal tratada” en el presupuesto nacional, una situación que se refleja en la escasa asignación de recursos para proyectos estratégicos. Como ejemplo concreto, mencionó la única obra prevista para Corrientes, vinculada al ingreso a la provincia, que abarca un tramo de 13 kilómetros.
Breard detalló que para esa obra se asignaron apenas 5.600 millones de pesos, cuando el costo total estimado oscila entre 20.000 y 22.000 millones. De acuerdo con su análisis, esa subejecución presupuestaria implica que, de mantenerse el ritmo actual de financiamiento, la obra demandaría al menos cuatro años para su finalización.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto remarcó que este esquema constituye una muestra clara de arbitrariedad en la distribución de los recursos nacionales destinados a infraestructura.
Asimismo, denunció que “clausuraron la obra de la ruta 126 Sause Kurusu”, un proyecto que requiere entre 20 y 30 millones de dólares y que debía ser financiado por la Nación. Según expresó, ese compromiso no fue cumplido, lo que afecta directamente la conectividad y el desarrollo productivo de la provincia. En ese contexto, anticipó que también se reclamará el incumplimiento de convenios Nación-Provincia y la paralización de “las obras regionales que son necesarias en el norte”, consensuadas por los diez gobernadores del Norte Grande.
RETENCIÓN DE FONDOS Y ATN DISCRECIONALES
Por otra parte, Breard se refirió a la retención de fondos que corresponden legítimamente a Corrientes. En particular, reclamó la devolución de recursos retenidos “injustamente como ATN discrecionales”. El senador explicó que la provincia fue la última en recibir Aportes del Tesoro Nacional y que lo hizo por un monto sensiblemente menor al promedio otorgado a otras jurisdicciones.
El senador precisó que Corrientes recibió 1.500 millones de pesos en ATN, mientras que el promedio nacional fue de 5.000 millones. Además, señaló que la provincia aún tiene retenidos 726.000 millones en ATN, fondos que forman parte de la coparticipación federal. En ese sentido, subrayó que esta situación evidencia una política de asignación discrecional que perjudica de manera directa las finanzas provinciales.
Breard también incluyó en sus reclamos la retención de los “fondos viales” y de los recursos necesarios para sostener la caja de previsión social de la provincia. Según indicó, estos fondos deben ser compensados conforme a lo establecido en el consenso fiscal vigente, pero hasta el momento Corrientes no recibió las transferencias correspondientes.
CAJA PREVISIONAL Y FEDERALISMO FISCAL
En relación con la caja de previsión social, el senador fue enfático al señalar la falta de asistencia nacional. Comparó la situación de Corrientes con la de otras provincias y afirmó que, mientras Chaco y Entre Ríos recibieron 40.000 millones de pesos y Córdoba obtuvo 100.000 millones, a Corrientes “en estos 22 meses no le dieron un solo peso”. Esta diferencia, sostuvo, profundiza las asimetrías regionales y compromete la sostenibilidad del sistema previsional provincial.
El legislador explicó que estos reclamos no buscan beneficios extraordinarios, sino que se otorgue a Corrientes lo que le corresponde por derecho. En ese sentido, subrayó que el objetivo es restablecer reglas claras y previsibles en la relación fiscal entre la Nación y las provincias, respetando los principios básicos del federalismo consagrados en la Constitución Nacional.
Finalmente, Breard afirmó que la provincia aspira a una “negociación digna, con seriedad” y a un vínculo institucional basado en una relación de pares. En sus palabras, Corrientes no pretende adoptar una actitud de subordinación, sino exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos, alejándose de cualquier lógica que la coloque en el rol de “mendigo” frente al Estado nacional.
