El Gobierno evalúa una fuerte desregulación de los colegios profesionales, lo que podría reducir controles y requisitos para abogados porteños, enfermeros, martilleros y agentes de propaganda médica.
La iniciativa surge de un documento oficial que circuló en las últimas horas y al que accedió Clarín, considerado el borrador del proyecto que el Ejecutivo presentaría próximamente.
Bajo el título XXV de ese borrador, se propone derogar varias leyes y estatutos que hoy rigen el ejercicio profesional. Entre los puntos más sensibles aparece la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Ley 23.187). Si avanza, cualquier abogado con título habilitante podría litigar en CABA sin inscribirse en el colegio profesional, lo que —según especialistas— podría alterar el sistema de honorarios, incumbencias y sanciones éticas.
La propuesta generó fuerte rechazo en ámbitos jurídicos. Un abogado de trayectoria sostuvo a Clarín que el Gobierno "no puede renunciar al poder de policía sobre el ejercicio profesional" y pidió esperar al proyecto oficial. A su vez, el presidente del COLPROBA, Bienvenido Rodríguez Basal, advirtió que la matrícula "no es un peaje sino la base del sistema colegial contemporáneo", que garantiza estándares éticos y protege a los justiciables.
El documento también apunta a otras actividades: desregula la labor de enfermeros, martilleros y corredores, y agentes de propaganda médica, así como diversos requisitos de matriculación y ejercicio profesional. Además, elimina estatutos históricos como el del periodista, el de viajante de comercio y la ley de Teletrabajo, que regulan jornadas, estabilidad, comisiones e incluso derechos como la desconexión digital.
El Gobierno ya había intentado avanzar en este camino con el DNU 70/2023, que liberaba la matrícula y disolvía estructuras colegiales, medidas luego suspendidas por la Justicia. En línea con esa filosofía, el informe del Consejo de Mayo señala que hoy "un profesional debe matricularse para ejercer, un comerciante debe habilitar su local y cumplir controles imposibles", justificando así la necesidad de desregulación laboral y profesional a gran escala.
