Corrientes, sábado 06 de diciembre de 2025

Sociedad Corrientes
FALLO CONFIRMADO CONTRA LA DPEC

La Cámara rechazó el recurso de la Dpec y avaló el fallo por Tarifa Social

06-12-2025
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La Cámara de Apelaciones con competencia Administrativa y Electoral confirmó la sentencia del Juzgado Civil y Comercial N.º 4 que ordena refacturar boletas de luz a familias del barrio Popular bajo el régimen de Tarifa Social, al rechazar el recurso de la Dpec.

La resolución fue impulsada por el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá y se enmarca en una demanda que involucra a más de 4.500 usuarios.

La resolución de la Cámara de Apelaciones con competencia Administrativa y Electoral ratificó la sentencia del Juzgado Civil y Comercial N.º 4, en una causa iniciada por vecinos del barrio Popular que reclamaron la correcta aplicación de la Tarifa Social Eléctrica Correntina. El pronunciamiento se da en un escenario de nuevos incrementos tarifarios y procesos judiciales colectivos en curso.

La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso presentado por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) y confirmó la obligación de refacturar boletas mediante los parámetros de la Tarifa Social.

La decisión ratifica la postura inicial del Juzgado de Primera Instancia y sostiene que los usuarios involucrados acreditaron su condición de vulnerabilidad social.

En ese sentido, el fallo remarca que el beneficio tarifario correspondía con anterioridad al inicio de la demanda, lo cual fundamentó la intervención judicial ante la falta de respuesta adecuada por parte del organismo estatal.

El abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, representante de los vecinos, expresó que el fallo "abre un camino de esperanza para miles de correntinos", en un contexto de aumentos que afectan a los hogares.

Señaló además que la decisión judicial se produce "justo cuando la Provincia vuelve a aplicar incrementos que golpean a miles de hogares", y anticipó que la demanda colectiva presentada por más de 4.500 usuarios continúa en revisión por la misma Cámara.

También afirmó que el pronunciamiento "representa un mensaje claro de que la energía eléctrica es un derecho esencial y que la vulnerabilidad social no puede ser ignorada por ningún organismo del Estado".

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

La causa derivó en el fallo confirmado esta semana comenzó en 2019, cuando los vecinos del barrio Popular recibieron facturas elevadas pese a cumplir con los requisitos para ser incorporados al régimen de Tarifa Social Eléctrica Correntina.

Los informes sociales incorporados al expediente acreditaron la situación económica de los amparistas, quienes se encontraban en riesgo concreto de cortes de suministro si no lograban regularizar sus boletas.

La falta de respuestas administrativas llevó a los usuarios a presentar un amparo, resuelto favorablemente en marzo de 2025. La Dpec apeló aquella decisión, pero la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia en todos sus términos.

Para las juezas María Herminia Puig y Martha Helia Altabe, la refacturación ordenada era razonable porque los períodos cuestionados coincidían con consumos inmediatamente anteriores a la judicialización, cuyos montos resultaban imposibles de afrontar para las familias involucradas.

El fallo también aborda los agravios planteados por la Dpec, que alegó arbitrariedad, incongruencia e invasión de facultades del Poder Ejecutivo. La Cámara rechazó esas objeciones al considerar que, en casos de vulnerabilidad social, el amparo es un mecanismo idóneo para asegurar la tutela efectiva de derechos fundamentales relacionados con el acceso a servicios básicos.

El tribunal enfatizó que la finalidad de la Tarifa Social es evitar que los sectores económicamente desfavorecidos queden excluidos del servicio eléctrico por falta de recursos, y que los organismos estatales deben garantizar su correcta aplicación.

IMPLICANCIAS Y PROYECCIÓN DEL FALLO

Cubilla Podestá consideró que el fallo es "un hito en un contexto donde la ciudadanía enfrenta aumentos sin explicaciones claras, falta de inversión y una tarifa cada vez más alejada de la realidad económica de las familias".

El abogado anticipó que la confirmación judicial "refuerza la expectativa de que la Cámara también abra el camino para que avancen las demandas colectivas que representan a miles de usuarios".