El Poder Legislativo de Corrientes cerró el período 2025 con un balance positivo tras aprobar más de 30 leyes, más de 20 resoluciones, 15 audiencias públicas y más de 70 declaraciones de interés, avanzando en áreas clave como seguridad, salud, inclusión y modernización institucional.
El Poder Legislativo de Corrientes concluyó el período 2025 con un balance considerado positivo, marcado por la aprobación de un conjunto amplio de normas destinadas al fortalecimiento institucional, la seguridad ciudadana, la salud pública y la ampliación de derechos.
Durante el año, la Legislatura aprobó más de 20 resoluciones, realizó 15 audiencias públicas y declaró de interés más de 70 actividades vinculadas a diversas áreas de la vida social, cultural y productiva de la provincia. Asimismo, se sancionaron más de 30 leyes que ya integran el corpus normativo provincial, consolidando así un ritmo sostenido de trabajo parlamentario orientado a responder a demandas sociales específicas y a promover la actualización institucional.
Entre las normas más relevantes del período se encuentra la Ley 6725, conocida como Ley de Narcomenudeo, que establece la desfederalización parcial de los delitos incluidos en la Ley de Estupefacientes. Su aprobación permitirá a la provincia intervenir de manera más ágil y eficaz en la persecución del microtráfico, un aspecto señalado como prioritario dentro de las políticas de seguridad.
Según el texto base, esta medida optimiza los recursos judiciales y brinda “mayor respuesta al reclamo social de seguridad”, apuntando a un abordaje más cercano y territorializado del problema. La inclusión de este tema en la agenda parlamentaria fue considerada estratégica para el fortalecimiento del sistema de prevención del delito.
PREVENCIÓN DE MENORES
Otra iniciativa destacada del período legislativo es la Ley 6716, mediante la cual Corrientes adhirió a la Ley Nacional N.º 27.590, que crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Ciberacoso. La normativa refuerza las políticas dirigidas a la protección de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia digital, grooming y otros tipos de acoso en entornos virtuales.
De acuerdo con la información oficial, esta adhesión contribuye a ampliar las herramientas institucionales disponibles para enfrentar problemáticas vinculadas a la seguridad digital, un ámbito en constante transformación que exige respuestas actualizadas desde el Estado.
En materia de inclusión y accesibilidad, la Legislatura aprobó la Ley 6724 de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil, que promueve el desarrollo de materiales informativos claros, inclusivos y comprensibles para toda la población. La medida está destinada especialmente a personas que presentan dificultades cognitivas o comunicacionales, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a la información pública. La sanción de esta ley forma parte de un conjunto de políticas orientadas a reducir barreras comunicacionales y a mejorar la calidad de la comunicación institucional.
También se destacó la aprobación de la Ley 6729, que redefine y actualiza los límites territoriales del municipio de Carolina, adecuando la organización administrativa a la realidad geográfica y poblacional vigente. La normativa permite ordenar el territorio de manera más precisa y facilita la planificación urbana y rural en una zona caracterizada por cambios demográficos y transformaciones productivas. Este tipo de actualizaciones constituye una herramienta clave para mejorar la gestión de los gobiernos locales y fortalecer los criterios de planificación del territorio provincial.
POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS SOCIALES
En el cierre del período legislativo se incorporó un conjunto de leyes vinculadas a la salud pública y a los derechos laborales, consideradas de fuerte impacto social por las autoridades provinciales. La Ley 6731, que establece un sistema de arancelamiento hospitalario y recupero de gastos, fue aprobada con el objetivo de fortalecer los servicios de salud y optimizar el uso de los recursos del sistema sanitario.
Según lo señalado en el documento base, la norma establece mecanismos para recuperar los costos generados por prestaciones médicas, lo que permitirá mejorar la sostenibilidad del sistema y asegurar su funcionamiento en el largo plazo.
A ello se suma la Ley 6732, que crea un régimen de licencia especial para trabajadores del sector público que atraviesen situaciones de violencia de género. La iniciativa busca garantizar un marco institucional de protección, contención y acompañamiento, con el fin de resguardar los derechos de las personas afectadas y asegurar que puedan acceder a medidas de apoyo en contextos de vulnerabilidad. La sanción de esta ley representa un paso significativo en el fortalecimiento de las políticas de género dentro del ámbito estatal provincial.
