Corrientes, jueves 05 de marzo de 2026

Política Corrientes
ECONOMÍA COTIDIANA Y CONTEXTO MACRO

El comercio de cercanía reclama representación en políticas públicas

19-11-2025
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Fernando Savore, presidente de la Cámara Bonaerense de Almaceneros, analizó en diálogo con momarandu.com la situación económica del sector pyme, destacó la caída del poder adquisitivo, señaló que los trabajadores destinan entre un 30 y 40 por ciento de sus ingresos al mes, advirtió sobre el elevado costo laboral, criticó la falta de consulta en la reforma laboral, reclamó una dirección nacional pyme y alertó sobre la baja en el consumo previo a las fiestas, además de mencionar casos críticos de juicios laborales que afectan a pequeñas empresas.

La conversación con Fernando Savore, presidente de la Cámara Bonaerense de Almaceneros, permitió trazar un panorama detallado sobre cómo los indicadores macroeconómicos conviven con la realidad cotidiana de los comercios de cercanía. Según expresó, mientras ciertos datos como la estabilidad del dólar o el descenso de las tasas de interés muestran señales favorables, existen otros factores que generan incertidumbre, como el aumento del riesgo país o los compromisos internacionales asumidos por Argentina, entre ellos la decisión oficial de “endurecer su régimen de propiedad intelectual” en el marco de acuerdos comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, Savore enfatizó que tales definiciones no se traducen de inmediato en cambios perceptibles para los consumidores ni para los pequeños comercios. En este sentido, llevó la discusión hacia el impacto diario de precios, servicios y obligaciones que condicionan el margen de maniobra de las familias y de los comercios minoristas.

El referente del sector detalló que, dentro del rubro almacenero, los incrementos mensuales fueron relativamente moderados, en torno al “2,3”, y que algunas bajas aisladas en productos particulares contribuyeron a disipar mayores tensiones. No obstante, advirtió que la estructura de gastos generales continúa presionando fuertemente sobre la economía de los hogares. Mencionó que los aumentos en electricidad, gas, transporte público, medicina prepaga y tarjetas de crédito afectan con mayor intensidad a los consumidores, quienes, tras percibir sus ingresos mensuales, deben destinar una proporción creciente al pago de servicios esenciales e impuestos. Savore remarcó que muchos clientes le relatan situaciones similares, y que cuando se les pregunta cuánto dinero disponible les queda para afrontar el mes, “todos coinciden entre que es un entre un 30 y un 40%”, un porcentaje que, según explicó, resulta insuficiente para sostener un consumo estable a lo largo del tiempo.

En el marco de esta situación, el dirigente sostuvo que la capacidad de compra de la población se ve directamente reflejada en la caída de ventas en negocios de cercanía. Subrayó que la combinación entre inflación acumulada, endeudamiento familiar y dificultades para afrontar el mes repercute en el movimiento comercial. A ello se suma, indicó, el peso de los costos fijos para quienes deben abonar alquileres, servicios y cargas laborales, lo que configura un escenario complejo para garantizar la continuidad de los comercios. Savore planteó que, incluso cuando los incrementos de precios no son elevados, el desequilibrio entre ingresos y obligaciones termina ejerciendo una presión significativa tanto sobre consumidores como sobre comerciantes, moldeando un clima de inestabilidad permanente en la economía cotidiana.

CARGAS LABORALES Y SITUACIÓN DE LAS PYMES

Al analizar los desafíos que enfrentan las pymes, Savore hizo especial referencia al costo laboral y a la incidencia de las cargas patronales sobre la estructura de gastos de los comercios. Explicó que un empleado de comercio percibe actualmente “aproximadamente el millón de pesos”, pero que, sumando el aporte patronal correspondiente al formulario 931, el costo final asciende a “un millón y medio”. Según indicó, esta diferencia representa una dificultad significativa para los establecimientos pequeños, que operan con márgenes reducidos y que deben equilibrar el pago de salarios con la sustentabilidad económica. El dirigente señaló que esta situación contribuye al fenómeno del empleo no registrado, aunque advirtió que la raíz del problema no reside en la voluntad de los comerciantes, sino en un sistema que resulta demasiado oneroso para numerosas pymes.

En relación con la discusión sobre una eventual reforma laboral, Savore afirmó que el sector pyme no fue consultado para el diseño de los lineamientos propuestos. Ante la pregunta sobre si las pequeñas y medianas empresas fueron convocadas, respondió: “no, no nosotros no”. Planteó que la ausencia del sector en ámbitos de decisión limita la elaboración de políticas más realistas y ajustadas a su funcionamiento. También sostuvo que cuestiones como la carga horaria, las obligaciones patronales y los litigios laborales deberían ser discutidas de manera integral y con participación efectiva de quienes sostienen la mayor parte del empleo privado en el país. Agregó que, desde su perspectiva, la mayor preocupación radica en “cómo se puede regular un poco el tema de los juicios laborales”, señalando que los comercios pequeños son los más expuestos en materia legal frente a reclamos que, en ocasiones, describió como desproporcionados o impulsados por prácticas que definió como abusivas.

El entrevistado profundizó en esta problemática al destacar que, para los pequeños comercios, un juicio laboral puede generar consecuencias económicas irreversibles. Señaló que “no estamos amparados por nadie” y que, junto con profesionales respetables, también actúan “muchos abogados caranchos”, expresión con la que describió casos en los que considera que se fomentan litigios que afectan a empleadores de escala reducida. Para ilustrar la gravedad del problema, relató la experiencia de una comerciante que, tras incorporar una empleada y atravesar un conflicto laboral que derivó en juicio, pasó de tener un negocio propio a trabajar como empleada en una papelera. Añadió que este tipo de situaciones no son aisladas y que se repiten entre almaceneros, vendedores de indumentaria, zapateros y diversos rubros pyme, generando un clima de incertidumbre que desincentiva la creación de empleo formal.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y EXPERIENCIAS REGIONALES

El titular de la Cámara Bonaerense de Almaceneros destacó que, en otros países de la región, la relación entre las pymes y el Estado se organiza mediante estructuras específicas de representación dentro de los gobiernos. Recordó que recientemente fue invitado a Paraguay, donde ofreció una conferencia ante la Cámara local y mantuvo reuniones con el ministro encargado del área pyme. También mencionó su experiencia en Uruguay, donde mantiene una vinculación estable con la cámara Cambadu, una de las entidades comerciales más importantes del país, y observó que en ese país las pymes cuentan con representación en el Ministerio correspondiente. Contrastó estas experiencias con la situación en Argentina y planteó la necesidad de crear “una dirección nacional pyme, un formato dentro del gobierno pyme donde podemos ser parte del debate”.

Savore consideró que la falta de participación institucional del sector perjudica la elaboración de políticas públicas eficaces. Sostuvo que resulta fundamental incorporar la voz de quienes administran comercios pequeños. Enfatizó que para quienes trabajan diariamente al frente de un comercio, las consecuencias económicas de una mala decisión administrativa pueden ser decisivas, por lo que la presencia pyme en los ámbitos de discusión contribuiría, según su opinión, a generar políticas más ajustadas a la realidad.

Para reforzar su planteo, el dirigente insistió en que el crecimiento de las pymes implica necesariamente la creación de nuevos puestos de trabajo, pero que ese proceso debe estar acompañado de un entorno regulatorio que no penalice al pequeño comerciante ante conflictos laborales o dificultades coyunturales. Añadió que, en la práctica, quienes administran negocios familiares o minoristas comparten una relación estrecha con sus empleados, lo que intensifica el impacto social y económico de cualquier conflicto. Subrayó que, incluso cuando existe buena fe o vínculos personales prolongados, un juicio laboral puede poner en riesgo la continuidad de un emprendimiento pequeño, desalentando la toma de personal y profundizando la informalidad en el sector.

CONSUMO, ESTACIONALIDAD Y PERSPECTIVAS

Respecto a la tendencia histórica del consumo en la Argentina entre el Día de la Madre y las fiestas de fin de año, Savore afirmó que este patrón estacional ha sufrido una fuerte alteración. Señaló que tradicionalmente las primeras semanas posteriores al 15 de octubre anticipaban un período de mayor dinamismo comercial, pero que ese escenario ya no se observa. Incluso llegó a afirmar que, como consecuencia de la dinámica económica actual, “no hay comienzo de mes, no hay comienzo de mes”, en referencia a que los ingresos familiares se agotan inmediatamente tras el pago de obligaciones básicas. Esta situación, indicó, elimina el momento de mayor flujo de ventas que caracterizaba al calendario comercial en años anteriores.

El dirigente agregó que, de cara a las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, se percibe un marcado descenso en el entusiasmo comercial. Explicó que “ese espíritu no está” y que incluso en las cadenas mayoristas se observa una oferta muy reducida de productos estacionales. Según relató, “muy pocos productos navideños” se encuentran disponibles tanto en los comercios de cercanía como en los proveedores de mayor escala, debido a que los comerciantes evitan asumir el riesgo de comprar mercadería que pueda quedar sin vender después del 31 de diciembre. Mencionó que, en caso de que productos como pan dulce, turrones o budines no se comercialicen a tiempo, los costos recaen directamente sobre los dueños de los negocios, lo que desalienta cualquier apuesta anticipada.

Hacia el final del diálogo, Savore mencionó un caso reciente que refuerza la preocupación del sector frente a los procesos judiciales. Comentó que un juicio iniciado en 2017, cuya sentencia se conoció recientemente, implicó que una pyme debía pagar una suma actualizada a “128 millones”, monto que consideró incompatible con la capacidad económica de la mayoría de los pequeños comercios. Explicó que este tipo de situaciones demuestra la necesidad de abordar con urgencia la regulación de litigios laborales y la estructura de costos que enfrentan las pymes. Concluyó señalando que estos problemas son cada vez más frecuentes y que forman parte del escenario cotidiano de los comercios de proximidad que intentan sostener su actividad en un contexto económico complejo.