El Gobierno nacional resolvió restringir las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para la fijación de precios del producto o medidas que afectan la libre oferta y demanda, lo cual deja prácticamente desregulada esta cadena productiva de relevancia nacional.
La medida quedó oficializada a través del Decreto 937/2025, publicado en el Boletín Oficial, y marca un antes y un después en la forma en que se regula uno de los productos más emblemáticos del país.
La nueva normativa recorta atribuciones históricas del organismo y elimina diez artículos del Decreto 1240/2002, un marco legal que durante más de dos décadas le otorgó poder para intervenir en la producción, la comercialización y los precios del sector yerbatero.
El decreto establece que el INYM no podrá promover normas ni acciones que “distorsionen los precios”, limiten la competencia, generen barreras para nuevos productores o interfieran en la relación natural entre oferta y demanda. En términos simples, el Gobierno busca un mercado sin intervención estatal y con un funcionamiento regido por la dinámica propia del sector privado.
Con esta decisión, la Casa Rosada consolida su rumbo hacia una menor regulación en actividades productivas y envía una señal clara de que el valor de la yerba mate quedará determinado principalmente por el mercado.
La medida impacta de lleno en la cadena yerbatera y abre un nuevo capítulo para productores, secaderos e industrias, que ahora operarán bajo un esquema sin los controles tradicionales que aplicaba el INYM.
