El comité Nacional en Defensa del Usuario Vial expuso una serie de contradicciones y deficiencias en las políticas viales del actual Gobierno Nacional,
Particularmente se refiere al régimen
de concesiones viales con cobro de peaje (Red Federal de Concesiones – RFC).
"Dichas políticas!resultan contrarias a los principios de legalidad, equidad y eficiencia administrativa, afectan tanto a los usuarios como al interés público indican
Otro punto es el incumplimiento de la Constitución Nacional por el régimen vigente de concesiones viales y que continuará con la RFC, al no contemplar la existencia de caminos alternativos libres de pago. Explica que esta omisión implica una restricción indirecta al derecho constitucional de libre tránsito por el territorio nacional.
El Comité señala que la política de peajes contradice el principio de libertad de tránsito al imponer un cobro obligatorio, en la práctica, un impuesto al tránsito sobre la red vial nacional.
También se hace referencia a una pregunta y malversación de fondos. " El Gobierno argumenta que “no hay recursos disponibles”; sin embargo, se recaudan anualmente más de U$S 3.000 millones (tres mil millones de dólares) mediante el Impuesto a los Combustibles. Dichos fondos, que deberían destinarse exclusivamente a la infraestructura vial, son desviados hacia otros fines presupuestarios, configurando una forma de malversación de su objeto específico".
Finalmente menciona que se que las nuevas concesiones serían financiadas mediante inversión privada pero o los proyectos licitados —como los Tramos Oriental y Conexión— prevén el uso de fondos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que depende del Ministerio de Economía de la Nación, con tasas subsidiadas, lo cual contradice las declaraciones oficiales y traslada nuevamente la carga financiera al Estado Nacional
