El funcionario público de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, desarrolló una actividad política que le permitió ir ocupando diferentes cargos públicos e ingresos económicos legítimos percibidos, que si bien podían permitir la satisfacción de sus necesidades, no constituían un caudal que convirtiera al mismo en una persona de fortuna, con posibilidades de grandes inversiones.
El plan del acusado consistió en simular la propiedad de bienes adquiridos por él haciéndolos pasar como de propiedad de la pareja; entre los que se cuentan tanto el complejo de 15 departamentos como un vehículo, embargados durante la investigación y ahora decomisados en favor de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, que recupera así bienes valuados en más de US$400.000.
Antes de iniciar el debate, tanto la Fiscalía a cargo del Dr. Cañete como la Defensa Oficial a cargo de la Dra. Julieta Lacroze, presentaron un acuerdo de juicio abreviado pleno por el que Ocampo aceptó clara y expresamente, los términos de la acusación respecto de los hechos y su participación, de los antecedentes probatorios en que se funda la acusación pública, la tipificación penal y la pena, que se acordó en cuatro años, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes embargados.-
Así el Tribunal Oral Penal de Mercedes (actual de Juicio), dictó sentencia homologando el acuerdo y condenando a Ramón Eduardo Ocampo a la pena de tres años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; ordenando el decomiso en favor de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, del complejo de 15 departamentos y un vehículo adquiridos por Ocampo en connivencia de su pareja valuados en más de US$400.000, asimismo del total del monto de alquileres percibidos desde el embargo a la fecha en locales ubicados en cercanía al complejo de departamentos.
Asimismo otorgó la libertad condicional a Ocampo, pues el mismo cumplió prisión preventiva entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, tiempo en el que se practicaron la mayor cantidad de tareas investigativas.-
El hecho fue calificado bajo las previsiones de los delitos de NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN CONCURSO REAL EN CALIDAD DE AUTOR MATERIAL, figuras penales previstas por los Arts. 265 y 268 (2) del Código Penal en función de los arts. 45 primer párrafo primer supuesto y 55 del mismo cuerpo legal.-
