El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes estimó una necesidad presupuestaria de 299 mil millones de pesos para el año 2026, sin embargo el Poder Ejecutivo proyecta una asignación de $192 mil millones. Desde la justicia afirmaron que ese monto permitiría cumplir sólo con el 64% de las metas y objetivos trazados.
Días atrás se conoció la aprobación por parte del Superior Tribunal de Justicia del anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Financiero 2026, con un requerimiento de fondos por 299.375.732.253 de pesos.
Desde la Corte provincial se argumentó que esa solicitud de recursos son los necesarios para cumplir las metas, objetivos y planes trazados por el Poder Judicial para el próximo año.
Pero por Memorándum Nº 175/2025 (Expte. 10000890-2025), de la Dirección General de Presupuesto de la Provincia, se establecen los créditos presupuestarios asignados al Poder Judicial, y se indica que la justicia deberá “ajustarse indefectiblemente” y realizar la carga o formulación para el Ejercicio 2026 con un límite de $192.138.951.243.
Para el Superior Tribunal de Justicia, ese valor es suficiente para cumplir sólo con el 64% de las metas y objetivos trazados para todos los programas que se presupuestan en la entidad "Poder Judicial".
HISTORIA DE DIFERENCIAS
Las diferencias entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en torno a las estimaciones de fondos presupuestarios viene de larga data.
Para el año 2025, el Ejecutivo proyectó recursos para la justicia por $159.619.002.085, que para el Poder Judicial representaban el 80% de sus necesidades presupuestarias.
La misma disputa se genero para el año 2024, cuando el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes había aprobado un anteproyecto de $92.631.953.599, pero desde el Ejecutivo el proyecto enviado a la Legislatura fue $68.067.636.422, el 73,4% de lo requerido.
En el caso del año 2023, la justicia estimó necesidades por $36.977 millones, pero en la redacción del Presupuesto 2023 el Poder Ejecutivo incluyó $28.184 millones para la justicia, mientras que de cara al año 2022 la Justicia había aprobado un presupuesto necesario de $14,7 mil millones, mientras que el Poder Ejecutivo estimó los recursos en $12,7 mil millones.
Más atrás, para el año 2021 el Poder Judicial había solicitado $9.474 millones y desde el Ejecutivo se había planificado $7.209.605.885.
METAS PARA EL 2026
Según el Superior Tribunal de Justicia, las proyecciones presupuestarias para el año 2026 contemplan la reorganización del Ministerio Público; la oralidad de los procesos civiles según los nuevos códigos Procesales: Civil Ley Nº 6556 y de Familia, Niñez y Adolescencia; la implementación de cinco dependencias judiciales y de veinticinco dependencias del Ministerio Público; y el refuerzo de personal en aquellas que presentan déficit de rendimiento a nivel de recursos humanos y la inclusión de personas con discapacidad.
Además la profesionalización de la gestión administrativa y jurisdiccional como parte de un plan de acción estratégica; la continuidad en la incorporación de innovación tecnológica en la gestión jurisdiccional y administrativa; y la eliminación del expediente papel, consolidando los sistemas de grabación de audiencias y de digitalización del Archivo Central.
Asimismo, se proyecta un ambicioso Plan de Obras Públicas de 34.758 m2 que busca construir edificios judiciales modernos, eficientes y sostenibles, aplicando las nuevas normas de construcción junto con las políticas vigentes, adaptando y mejorando los que ya existen con miras a favorecer el acceso a la justicia.
Por último, se indica una pauta de recomposición salarial con un aumento en los gastos corrientes del 15% final – continuando con la propuesta de recuperación del poder adquisitivo de los haberes judiciales.
