La oposición aprobó la ley que limita estrictamente la capacidad de los Presidentes de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU) pero deberá volver al Senado porque se introdujo una moficicación. Se necesitaban solo dos votos más para aprobarla.
El artículo cuestionado es el que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos, de lo contrario cae.
La prórroga actúa como un benficio para el Gobierno porque la resolución se corre hasta después de las elecciones cuando espera bosquejar un nuevo marco de alianzas que lo oxigene. Además no lo obliga a otro veto en víspera electoral
La iniciativa que ya tiene el respaldo del Senado con un amplio consenso modifica la ley 26.122 de 2006. Esa ley había sido impulsada por Cristina Ferández, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
El proyecto define que ambas Cámaras se tienen que pronunciar sobre la validez de los decretos para que sean ratificados (en la actualidad sólo se necesita la aprobación de una Cámara).
Pero la Cámara rechazó el límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie. Según el artículo 3, que se cayó en la votación en particular (obtuvo 127 votos pero necesitaba 129), si el tema no es tratado dentro ese plazo, los decretos caen.
Además cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una mezcla de temas en un solo texto.
Para hacer caer el artículo 3 el Gobierno contó con las abstenciones de tres diputados de la Coalición Cívica (Juan Manuel López, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego), el cambio de positivo a negativo de dos diputados de Coherencia (Carlos D’Alessandro y Gerardo Gonzalez), y el rechazo de tres diputados del PRO : Sofía Brambilla, Álvaro González, y Héctor Baldasi).
También aprobaron en general pero rechazaron el artículo 3 los dos diputados del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, y los radicales Karina Banfi y Fabio Quetglas pasaron de positivo abstención. Finalmente se ausentó al momento de la votación en particular la diputada de Neuquén de Unión por la Patria Tanya Bertoldi.
La reforma del régimen de DNU implica restricciones al Gobierno y lo obliga a buscar consenso para conseguir las leyes que propone
El oficialismo se opone con el argumento de que “inmovilizará al Poder Ejecutivo y debilitará la gobernabilidad”.
