Por amplia mayoría el Senado rechazó los vetos del Gobierno y dejó en firme las leyes financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. La Cámara de Diputados ya había hecho lo propio por lo que el Ejecutivo deberà promulgarlas y aplicarlas
La primera norma aumenta las partidas para becas, investigaciones y, principalmente, para la indexación de los salarios del personal universitario docente y no docente. La segunda aumenta las partidas para el personal médico y administrativo del Hospital Garrahan y para gastos operativos.
La restitución de la emergencia pediátrica fue aprobada por 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, mientras que la insistencia en la ley de financiamiento universitario fue aprobada por 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Votaron a favor de los vetos lasbancadas del peronismo y el radicalismo , en contra los legisladores de LLA y se abstuvieron los macristas Alfredo De Angelis, Enrique Görling y María Huala.
En el veto al financiamiento universitario también se abstuvo la radical Carolina Losada.
El Poder Ejecutivo consideró al vetarls que el proyecto promovía el aumento del gasto público de manera desmedida e “irresponsable” por carecer de una fuente de financiamiento genuino.
En el caso del financiamiento universitario la ley dispone la indexación de los salarios del personal de acuerdo con la inflación, lo que para el período mayo-septiembre de 2024 equivale a un aumento de 32%.
Durante el debate la presidenta de la Comisión de Salud, Lucía Corpacci, sostuvo que el presidente de la Nación gobernaba por medio de vetos y decretos sin respetar la división de poderes sin escuchar al Congreso, ni a la gente. Dijo sentir “vergüenza” de tener un presidente que negaba derechos.
A continuación, el también kirchnerista Eduardo de Pedro dijo también tener “vergüenza” del presidente de la Nación porque había vetado el aumento salarial para el personal de las universidades.
Los radicales se sumaron al rechazo al voto y, a su turno, la larretista Guadalupe Tagliaferri sostuvo que el gobierno se negaba a resolver los problemas de la sociedad alegando que no había plata, pero que esa afirmación era falsa. Opinó que se trataba de una cuestión de prioridades en el gasto y cuestionó la eliminación temporaria de las retenciones al agro, medida a la que atribuyó un costo fiscal de “entre 1.000 y 1.800 millones de dólares”.
