La Justicia Federal procesó a Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, donde se fabricó el fentanilo contaminado.
El propietario de la empresa es acusado de "adulteración de sustancias medicinales en concurso rea y de un modo peligroso para la salud de las personas". Además le embargaron sus bienes por un billón de pesos.
El juez de La Plata, Ernesto Krepak, confirmó la imputación y además acusó a 16 ejecutivos de las firmas. La Justicia indaga el grado de participación en la elaboración y distribución de las ampollas adulteradas, que provocaron la muerte de 96 pacientes.
El principal sospechoso fue considerado "'coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales" en al menos 20 casos. El fallo señaló que los laboratorios recibieron denuncias anteriormente por otras opiodies y no activaron un plan para prevenir los daños.
A García Furfaro se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta" en la adulteración del lote 31202 “perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.
“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, remarca el escrito.
Además del propietario de HLB Pharma y Ramallo SA, fueron procesados con prisión provisoria Diego Hernán García (arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi (detención domiciliaria).
Por otra parte, se dictaminaron los procesamientos sin prisión preventiva de Wilson Daniel Pons, Arzolidys Dayana Astuillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Eduardo Darchuk, María Victoria García, Edgardo Sclafani y Adriana Iúdica.
“En el marco de las declaraciones indagatorias de María Victoria García, Wilson Pons, Adriana Iúdica, Edgardo Sclafani, Arzolydis Astudillo, Rocío Garay y Eduardo Darchuk, la fiscalía federal interviniente solicitó distintas medidas de coerción con el fin de asegurar la sujeción al proceso de los imputados e impedir que obstaculicen la investigación”, agrega el documento.
