El jefe de Policía, comisario general Miguel Ángel Leguizamón, confirmó en declaraciones a momarandu.com que en la jornada de ayer se llevó a cabo un amplio despliegue de seguridad en la ciudad de Corrientes, en cumplimiento de quince órdenes de allanamiento dictadas por la Justicia. Los procedimientos se realizaron en diferentes barrios, entre ellos Ongay, Paloma de la Paz, Lomalinda y Villa Raquel, dentro de la jurisdicción de las comisarías octava y 21. Según indicó Leguizamón, este tipo de operativos ya había tenido antecedentes en zonas como el barrio Pujol, donde se actuó en circunstancias similares.
El operativo movilizó a más de 150 efectivos policiales pertenecientes a diversas dependencias de la Dirección General Metropolitana. Participaron todas las comisarías locales junto con grupos especiales como Infantería, Canes y Caballería, además de las divisiones de Delitos Complejos, Drogas Peligrosas, Investigación Criminal y Policía Rural. La magnitud del despliegue estuvo acompañada por una planificación estratégica orientada a neutralizar focos de violencia y criminalidad en sectores identificados como conflictivos.
Las órdenes judiciales contemplaban la detención de personas involucradas en distintos hechos, aunque no especificaban edades. En caso de tratarse de menores, se dispuso que fueran identificados y entregados a sus progenitores bajo acta, lo que fue cumplido por las fuerzas intervinientes. Esta medida respondió a protocolos establecidos para garantizar tanto la legalidad del procedimiento como la protección de los derechos de los adolescentes en situación de conflicto con la ley.
El comisario general Miguel Ángel Leguizamón explicó que la necesidad de estos operativos surge de una causa judicial originada en hechos de “atentado y resistencia a la autoridad”, ocurridos en el barrio Ongay, donde resultó herido personal policial durante tareas de patrullaje. A ello se sumó una denuncia realizada en Fiscalía por un vecino, quien denunció hechos de vandalismo que mantenían atemorizada a la población del barrio Pujol. Ambas causas fueron unificadas, lo que permitió la solicitud de las órdenes de allanamiento por parte del Ministerio Público Fiscal.
El jefe policial sostuvo que este tipo de procedimientos pueden repetirse en otros sectores siempre que existan antecedentes judiciales y elementos probatorios suficientes. “Nosotros hacemos los trabajos investigativos, pedimos la orden de allanamiento y una vez que nos la entregan, procedemos en consecuencia”, afirmó Leguizamón, remarcando el estricto apego a las disposiciones judiciales y a la coordinación institucional entre policía y fiscalía.
RESISTENCIA Y RIESGOS PARA EL PERSONAL POLICIAL
Durante su exposición, el comisario general Miguel Ángel Leguizamón hizo referencia a los riesgos habituales a los que se enfrentan los efectivos en determinadas zonas críticas. Señaló que en muchos casos, al ingresar a barrios conflictivos, los agentes son recibidos con proyectiles, piedras o incluso con armas caseras conocidas como tumberas. Estas situaciones, según explicó, suelen derivar en daños a vehículos policiales y en ocasiones en lesiones a los uniformados.
El jefe policial indicó que en el operativo de ayer se registraron incidentes que derivaron en personal herido, entre ellos un ataque con un perro que alcanzó relevancia pública. Este hecho fue catalogado como un reflejo de la hostilidad con la que se encuentran en determinados barrios, donde la presencia policial es resistida por sectores vinculados a actividades ilícitas.
Consultado sobre la incidencia de la violencia contra las fuerzas de seguridad, Leguizamón afirmó que se trata de episodios recurrentes en sectores identificados como de alta conflictividad. La reacción violenta contra los operativos no es excepcional, sino una característica de los lugares donde confluyen problemáticas sociales y delictivas que tensionan el vínculo entre la comunidad y la policía.
El comisario general Miguel Ángel Leguizamón también se refirió a la importancia del debate legislativo sobre la ley de narcomenudeo que actualmente se discute en Corrientes. “Ese es importante para llevar adelante nuestro trabajo, para ser más dinámico”, expresó. En la actualidad, los procedimientos vinculados al narcotráfico se tramitan a través de la Justicia Federal, lo que implica tiempos más prolongados. La sanción de esta norma, sostuvo, permitiría una intervención más ágil y directa de la policía en la persecución del narcomenudeo.
De acuerdo con su explicación, contar con un marco legal provincial para abordar la problemática de las drogas facilitaría la labor investigativa y permitiría actuar en tiempo real frente a la identificación de quioscos de venta de estupefacientes. “Sería mucho más ágil y procederíamos en tiempo y forma. Ni bien tengamos el dato, se procede”, enfatizó Leguizamón, destacando el impacto positivo que podría tener la ley en la eficacia operativa de la fuerza.
SEGURIDAD EN LA ZONA DE FRONTERA
El comisario general, por otra parte, se refirió a la situación en la zona de la costa del río Uruguay, particularmente en el área de Santo Tomé, donde se registran incursiones de cuatreros provenientes de Brasil. Según explicó, estos grupos actúan en el sector rural, cometen abigeato y trasladan el ganado robado mediante canoas hacia el lado brasileño, aprovechando la dificultad de acceso desde el territorio argentino.
El jefe policial precisó que la policía provincial trabaja de manera coordinada con fuerzas federales como Prefectura y Gendarmería, además de mantener un vínculo de colaboración con la policía brasileña. En este marco, relató que en al menos dos oportunidades los delincuentes fueron interceptados del lado brasileño gracias a la cooperación binacional, lo que permitió la demora de sospechosos y el secuestro de elementos vinculados a la causa.
Consultado sobre la organización de estas actividades delictivas, Leguizamón aclaró que no se trata de una sola banda sino de “varias personas que ingresan del otro lado”. Subrayó que el carácter ganadero de la zona y la extensión de los campos, sumado a las dificultades de acceso terrestre desde Corrientes, favorecen las acciones de estos grupos. Sin embargo, aseguró que la policía provincial mantiene un esquema de patrullaje fluvial y vigilancia constante en articulación con las demás fuerzas de seguridad.
El comisario general Miguel Ángel Leguizamón insistió en que pese a las dificultades geográficas y logísticas, los esfuerzos de control no se interrumpen. “No bajamos los brazos y seguimos trabajando”, remarcó, al describir el compromiso de las fuerzas provinciales frente a un delito que afecta directamente a productores rurales y comunidades fronterizas.
