Luego del revés que sufrió el Gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires se activó un operativo de presión al presidente Javier Milei para que no aplique el veto a la ley de financiamiento universitario que el Congreso aprobó a fines de agosto, en un intento por poner a prueba la "autocrítica" o las correcciones que prometió el mandatario.
Se trata de una campaña que en realidad empezó días antes de las elecciones provinciales del domingo, pero que ahora intenta aprovechar el cimbronazo que aturdió al Gobierno y que lo obligó a hacer revisiones para las nacionales de octubre, clave para los próximos dos años del mandato de Milei.
El nuevo contexto se prestó para una casualidad que le jugó a favor a las universidades, los estudiantes y los dirigentes políticos que empujaron esa ley: el plazo para que Milei resuelva si veta total o parcialmente o si, por el contrario, la promulga, se vence el próximo jueves, en la misma semana donde el oficialismo busca la forma de recuperarse tras la derrota.
Nueva presión para Javier Milei: ¿qué pasa con el veto a la ley de financiamiento universitario?
El Senado terminó de sancionar la ley que asigna más fondos a las universidades al dictar una actualización retroactiva por inflación para los gastos de funcionamiento y los salarios el 21 de agosto pasado. Para vetar, el Poder Ejecutivo siempre tiene 10 días hábiles desde que el Congreso le comunica oficialmente la ley.
Pocos fuera del ámbito universitario y del Congreso prestaban atención al vencimiento inminente de ese plazo, en parte porque Milei hizo una costumbre del veto a cualquier ley con impacto fiscal, pero el resultado electoral del último domingo cambió el escenario. También la promesa post derrota que hizo el Presidente de hacer una "profunda autocrítica" y "corregir errores".
Apenas un día después de los comicios bonaerenses, mientras Milei revisaba la estrategia política de su Gobierno tras la derrota, la UBA lanzó un video por redes sociales en el que su rector, Ricardo Gelpi, y los decanos de todas las facultades le reclaman al Gobierno reclamaron que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario, es decir, que no la vete como anunció que haría.
En el video remarcan que la ley "es imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública" y que en el caso puntual de la UBA "se encuentra en emergencia en materia salarial" del personal docente y no docente, así como "los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria".
"La UBA es de quienes estudian, de quienes enseñan y de quienes encuentran en ella atención, respuestas, cuidado y profesionales de excelencia. Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos/as. Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario para poder seguir siendo lo que somos", subrayó el video difundido.
El mensaje que cerró el video de la UBA fue "Cuidemos lo que funciona", un llamado que parece apelar a la "autocrítica" que prometió Milei luego de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el peronismo le sacara unos inesperados 14 puntos de diferencia en la provincia más grande del país.
La presión podría volverse más intensa en los próximos días, dado que pocos días antes de las elecciones bonaerenses la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ya había empezado a empujar un paro nacional para "el día siguiente del anunciado veto".
Varios sectores impulsan una nueva marcha universitaria federal como la que tuvo lugar el año pasado y tomó por algunos días la agenda del Gobierno. En la militancia universitaria más cercana al Frente de Izquierda ya promovían la consigna "si hay veto hay marcha". Tras la derrota electoral de LLA en Buenos Aires fueron con un mensaje más directo: "¡Es ahora!".
Los movimientos que empezaron a darse en el nuevo escenario político que se abrió ante el Gobierno pone la mira en otros vetos que Milei prevé aplicar a leyes sensibles, como la que declara la emergencia pediátrica y busca aumentar las partidas para el Hospital Garrahan, que se aprobó el mismo día que el financiamiento universitario. Ambas tuvieron abrumadora mayoría en el Senado.
La ley que se aprobó con 58 votos a favor y apenas 10 en contra establece que los gastos de funcionamiento de las universidades públicas deberán actualizarse "al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC)" informado por el INDEC "en el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de diciembre de 2024". Además, durante este año las subas serán bimestrales.
También obliga al Ejecutivo a "actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período" que va del 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley "en un porcentaje que no puede ser inferior al IPC informado por el INDEC en el mismo período", y agrega que todo incremento deberá "ser remunerativo y bonificable".
Otro punto central establece que a los 30 días de sancionada la ley se deberá "convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada" por el INDEC, tanto para docentes como para personal no docente".
Habrá que ver si la presión surte el efecto buscado. En su discurso Milei prometió autocrítica y correcciones, pero también remarcó que el plan de equilibrio fiscal -con el que justició todos sus vetos hasta el momento- no se toca. El gran interrogante es si el nuevo contexto político en el que quedó inmerso lo llevará a revisar esa rigurosidad para las leyes que no cuentan con su venia.
El anunciado veto a la ley de financiamiento universitario no sería algo extraño, pero se intenta evitar al tiempo que se pone la mira en otras leyes sensibles para aprovechar la nueva instancia de deliberación que se abrió dentro del gobierno de Javier Milei tras la derrota en las elecciones bonaerenses y con la necesidad de recuperarse para las nacionales de octubre, que renovarán el Congreso y marcarán el camino político hasta 2027.
Fuente: Ipro.
