En una nota enviada a la Cámara de Diputados, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Corrientes objeta la posible adhesión de la Provincia a la ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, por la que la justicia local investigaría el "narcomenudeo".
Indican que el fuero penal de la provincia no se encuentra en condiciones de absorber esa competencia y que "sería trasladar un problema federal a la provincia, sin presupuesto ni estructuras adecuadas".
El planteo de la entidad refiere al proyecto de Ley Nº 8141/24, con media sanción del Senado, que tiene por objeto la adhesión de la provincia al artículo 34 de la Ley Nº 23.737, modificado por la Ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes Nº 26.052.
Mediante la propuesta, la justicia de Corrientes se haría cargo de una serie de delitos "menores" vinculados a la tenencia y comercialización de estupefacientes.
"En nuestra opinión y desde un enfoque de eficiencia y eficacia judicial,su aprobación resulta absolutamente inconveniente" resaltan desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Corrientes en la nota a la que tuvo acceso Momarandu.com.
Recuerdan que la mencionada ley nacional fue aprobada hace casi 20 años, y autorizó la devolución de la competencia jurisdiccional a las provincias para entender en solo una parte de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, en particular la comercialización de esas sustancias y su tenencia ilegal simple, y la que tiene el fin de su comercialización.
Es decir que las provincias que adhieran podrán reasumir la competencia para perseguir y juzgar delitos relacionados con el narcomenudeo.
El proyecto provincial, con media sanción del Senado, plantea la simple adhesión de Corrientes a una serie de delitos que actualmente son de competencia federal.
"De aprobarse este proyecto, todas las causas que se inicien por estos hechos van a pasar a ser admitidas y gestionadas por el sistema judicial provincial en el fuero penal, que como ustedes sabrán, se encuentra aún en proceso de acomodamiento y readecuación al nuevo sistema procesal penal acusatorio que viene siendo gestionado por el Superior Tribunal de Justicia, y que aún hoy, pesar de los esfuerzos realizados y luego de transcurridos 5 años de su puesta en funcionamiento, no ha sido dotado de estructura orgánica suficiente (jueces, fiscales, defensores, secretarios, funcionarios, asistentes, ect.) y una adecuada infraestructura material y tecnológica, motivada en la falta de recursos económicos", sostienen.
Consideran que esta realidad en el poder judicial provoca que hoy no pueda gestionar y procesar adecuadamente la totalidad de las causas que ingresan al sistema, siquiera, permite a los órganos de control y admisión de esos procesos, poder controlarlos en su totalidad adecuadamente.
"Si a esta situación se le llegara a sumar toda la competencia de las causas de narcomenudeo, sólo provocaría la profundización y agravamiento de esta situación", opinan desde la entidad gremial.
En definitiva, acotan que, hoy ante la realidad orgánica del Poder Judicial, "el fuero penal de la provincia no se encuentra en condiciones de absorber aquella competencia".
CUESTIONAMIENTOS
Para el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, el proyecto de marras expone como uno de los motivos o fundamento el "abarrotamiento de los juzgados federales", "la necesidad de descomprimir los juzgados federales", pero desconoce "olímpicamente" la realidad de la situación de las oficinas judiciales provinciales que también se encuentran abarrotadas de trabajo, llenas de causas, sin recursos humanos y materiales suficientes para gestionar de manera adecuadas el gran número de procesos que ingresan al sistema judicial y que representan la gran mayoría del total de hechos criminales (comunes y federales).
Agregan que, además de la crítica realidad de la justicia local, la transferencia de competencia federal tiene como perjuicio razones de política criminal para la persecución eficaz del narco crimen, dado que el narcomenudeo no puede ser abordado como un fenómeno aislado, sino como la manifestación terminal de organizaciones criminales estructuradas de escala regional, nacional e internacional.
"La segmentación de la competencia investigativa, dejando la venta al menudeo en manos de la justicia provincial y reservando al fuero federal los eslabones superiores dela cadena delictiva, obstaculiza la posibilidad de realizar investigaciones integrales que permitan desarticular dichas organizaciones en su conjunto".
Mencionan además que la experiencia de otras provincias que han adherido a la Ley 26.052, muestra que sin un acompañamiento presupuestario sostenido, la asunción de la competencia del narcomenudeo ha derivado en una sobrecarga de los juzgados ordinarios, una atomización de las investigaciones y una respuesta penal de baja calidad y escasa eficiencia.
Se expone que Corrientes tiene una ubicación geográfica sensible, al ser provincia limítrofe donde pasan rutas estratégicas para el narcotráfico, por lo que transferir la competencia penal del narcomenudeo al ámbito provincial provocará necesaria e indefectiblemente una sobrecarga operativa de los órganos judiciales y policiales locales, sin avances reales en la lucha contra el narcotráfico, inconveniente que no escapará al sistema de salud por el necesario tratamiento de deshabituación al que son sometidas aquellas personas vinculadas con esta problemática.
También se menciona la problemática de los menores, de creciente participación en actividades delictivas de este tipo, siendo que en Corrientes hay una falta absoluta del fuero penal de menores y de ley procesal juvenil.
Con esos argumentos,reiteran que el proyecto "sería trasladar un problema federal a la provincia, sin presupuesto ni estructuras adecuadas".
"No desvaloramos el proyecto que en su idea centrales loable, pero en muy poco puede realmente contribuir a solucionar y contener el problema, resultando, más bien y solo, transferir el déficit de Nación a la provincia, sin proporcionar herramientas adecuadas a la solución, con un solo resultado posible, el agravamiento de los problemas de sobrecarga en el sistema judicial penal local y la impunidad de los delitos de referencia", concluyen desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Corrientes.
