El presidente Javier Milei se negó a borrar el posteo en el que descalificó a Ian Moche, el niño con autismo que lo había acusado de insultarlo, y presentó un escrito en la Justicia con una serie de insólitos argumentos.
Entre ellos, volvió a sostener que sus redes sociales son personales y no lo representan como jefe de Estado, y apeló al derecho a la libertad de expresión.
En el escrito, los abogados de Milei califican la demanda como "carente de sustento jurídico" y niegan una larga lista de puntos, entre ellos:
-Que la cuenta @JMilei sea una cuenta oficial del Poder Ejecutivo Nacional.
-Que sus posteos hayan sido una "agresión al honor, reputación o integridad" del niño.
-Que un reposteo sea una "ratificación o legitimación de agravios".
-Que la publicación haya generado un "daño irreparable, grave, inminente".
-Que el "interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política".
A través de sus abogados, Milei presentó un escrito en esta causa y sostuvo que la demanda en su contra es improcedente, confusa y “carente de sustento jurídico” y sostuvo que al mandatario “no se le puede formular reproche alguno” en términos personales.
En otras palabras, Milei sostuvo que lo que él dijo en X no lo dijo como Presidente y que por lo tanto ese tuit no fue un pronunciamiento administrativo, que repostear no es ratificar, que su agresión no fue una agresión, que calificar de “kukas” a Ian y a su familia no es causar “un daño irreparable” ni “grave”, que a un niño se lo puede criticar aunque su condición sea la de niño y que, por lo tanto, las denuncias en su contra no son procedentes.
No obstante, insistió: “El reposteo fue realizado desde mi cuenta personal (@JMilei) y no implicó una decisión administrativa, normativa o acto estatal alguno, ni implicó uso de fondos públicos, sino que constituyó una acción privada que contiene la expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido, y respecto de cuestiones de interés público en el contexto del debate público”, en relación a Paulino Rodríguez.
Asimismo, el Presidente intentó desacreditar la denuncia de Ian sosteniendo que el amparo que presentó para que borre el tuit no tuvo que ver con una cuestión legal sino ideológica: “la interpretación subjetiva y la irritación o inquietud que pueda sentir el actor, o en este caso daría la apariencia que más bien su letrado patrocinante (…) no es óbice para ejercer una censura et-post y menoscabar el derecho a la libertad de expresión y aplicar la cultura de cancelación hacia la opinión con la cual no simpatizan”.
