( Por José Miguel Bonet).Es cierto que existe la tendencia a llevar asuntos políticos a la vía judicial y que esto es dañino para la vida democrática y el buen gobierno. Es un problema que debemos resolver. Existe una gran correlación entre los asuntos políticos llevados a los tribunales y actitudes erróneas de los actores políticos. Estas actitudes suelen ser: faltar a la verdad, sectarismo, negación del error —persisten descarada y evidentemente en mantener el error sin disculparse y se recurre a los tribunales—, y alguna más.
¿Existe un verdadero y auténtico conflicto entre la justicia y la política que pone en riesgo el correcto funcionamiento de nuestra democracia constitucional? ¿Asistimos a una mutación encubierta del Estado democrático de derecho configurado en la Constitución a en un Estado judicial, en el sentido de que los jueces asumen la gobernanza del sistema político?
Existe un amplio consenso entre los principales analistas y observadores de nuestro sistema constitucional, y, particularmente, en la comunidad jurídica, acerca de que la politización de la justicia y la judicialización de la política constituyen una amenaza al modelo de gobernanza constitucional, sustentado en la lógica del principio de división y limitación del poder y en el principio de legitimidad democrática.
La politización de la justicia se origina cuando la judicatura abandona su posición constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia e imparcialidad, con base a la estricta aplicación de la Constitución y las leyes en garantía de los derechos de los ciudadanos, y se transforma en un actor subversivo del sistema político-constitucional, invadiendo espacios y escenarios que corresponden al activismo político militante, ejerciendo la potestad jurisdiccional con fines espurios, con el resultado de falsear los postulados de la democracia jurídica, fundada en el respeto al principio de legalidad constitucional.
La judicialización de la política se ocasiona cuando los Juzgados y Tribunales son inducidos a pronunciarse como instancia dirimente de conflictos y controversias de naturaleza política, que son propios de la legítima lucha partidista, que deben resolverse en el marco del proceso político y no en el ámbito de la jurisdicción.
El círculo virtuoso de la justicia exige un poder judicial que ejerza la función de juzgar en el marco de un sistema democrático, basado en el equilibrio y contención de los poderes constituidos. Por ello, el activismo judicial que pueda entenderse como un deslizamiento de la soberanía del pueblo hacia el juez resulta incompatible con el Estado constitucional, como advierte el magistrado francés Antoine Garapon.
Todos los partidos, que suelen hacer lo mismo ,sería bueno poner en el centro de la vida política la verdad, la tolerancia, el bien común y la humildad para ayude a evitar el problema de la judicialización.
Debemos evitar que este fenómeno de la judicialización de la política afecte el funcionamiento de los poderes y vaya a desembocar en la politización de la justicia, ya que los jueces se vuelven actores capaces de decidir el rumbo de la política y pasan asimismo a ser objeto de sospechas de parcialidad, ya que nadie es inmune al ambiente ni a las conclusiones que se forman en una sociedad transparente.
*desde Mburucuyá
