El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, estas medidas buscan asegurar reciprocidad internacional, proteger los recursos estatales y garantizar el orden jurídico.
El Gobierno nacional anunció una serie de modificaciones en su política migratoria.
Las medidas fueron explicadas por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, en diálogo con El Radar, que se emite todos los domingos de 11 a 13 horas por InfoDRadio, con la conducción del periodista Facundo Sagardoy.
El funcionario indicó que las nuevas disposiciones se sostienen sobre tres pilares: la reciprocidad entre Estados, la responsabilidad individual de los migrantes y el respeto al sistema jurídico argentino. La medida busca condicionar el acceso a derechos y servicios según el estatus migratorio.
En ese marco, uno de los puntos centrales se refiere al acceso a la salud pública. Los extranjeros sin residencia permanente deberán acreditar un seguro médico o abonar previamente por los servicios de salud, salvo en situaciones de emergencia. “Un accidente de tránsito, un ataque al corazón, un ACV… esas cosas sí, aunque en otros países no nos hayan cubierto en cosas así”, señaló Manfroni.
El funcionario explicó que este criterio no afectará a quienes cuenten con residencia permanente, quienes seguirán accediendo al sistema público como cualquier ciudadano argentino. En cambio, quienes tengan residencia temporal o se encuentren en calidad de turistas deberán ajustarse a los nuevos requerimientos administrativos y financieros.
CONDICIONES PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
Otra de las modificaciones relevantes tiene que ver con el motivo del ingreso al país.
Manfroni sostuvo que los extranjeros que deseen trabajar en Argentina deben contar con una oferta laboral verificable o, en su defecto, acreditar solvencia económica. “Tienen que demostrar que tienen el dinero suficiente como para subsistir en la Argentina o llevar una vida digna”, indicó.
El funcionario enfatizó que el objetivo es evitar que personas ingresen sin recursos ni propósito definido, y criticó duramente a las políticas anteriores que permitieron —según sus palabras— abusos del sistema de asistencia. “Esto fue el colmo de la prodigalidad, de la generosidad y, casi le diría, de la estupidez durante muchos años”, afirmó.
Respecto al margen de acción de los oficiales de Migraciones, Manfroni aclaró que la nueva normativa les otorga amplias facultades para rechazar el ingreso de personas si existen “sospechas fundadas” de que el motivo declarado para ingresar al país no es veraz.
Remarcó que estas sospechas deben basarse en indicios objetivos, como la falsedad de documentos o seguros médicos inexistentes.
ANTECEDENTES JUDICIALES Y CAUSALES DE RECHAZO
El funcionario remarcó que la nueva política es el endurecimiento de los criterios vinculados a los antecedentes penales.
Manfroni afirmó que se podrá negar el ingreso incluso a personas que no tengan condenas firmes. “Ya un mero procesamiento es motivo suficiente para el rechazo”, sostuvo. Según explicó, el procesamiento indica “semiplena prueba” y resulta válido para impedir el ingreso o justificar una expulsión.
En el caso de personas que cometan delitos dentro del país, se procederá a su expulsión solo si el delito no contempla prisión efectiva. Si la sanción requiere cumplimiento efectivo de pena, esta deberá cumplirse en territorio argentino. “Si viene, mata y lo expulsamos, no...”, ejemplificó. “Si hay un delito grave que merece pena de prisión efectiva, entonces la tiene que cumplir aquí”.
Manfroni defendió esta política como una forma de proteger la seguridad pública y resguardar los recursos del Estado. También consideró que se alinea con prácticas internacionales de reciprocidad, aunque admitió que en algunos países no se ofrece la misma cobertura que se pretende garantizar en Argentina incluso en emergencias.
Manfroni subrayó que la medida forma parte de un paquete más amplio de iniciativas del Gobierno para redefinir las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a derechos para personas extranjeras.
El funcionario subrayó que aunque el enfoque recibió críticas por parte de sectores que advierten posibles violaciones a derechos humanos, el Ejecutivo insiste en la deber de revisar los criterios migratorios en clave de control y eficiencia estatal.
