El Poder Judicial de Corrientes concretó el segundo procedimiento de eliminación documental correspondiente al año 2025. La jornada se llevó a cabo el pasado 28 de mayo y estuvo a cargo de la Dirección General de Archivos. En esta oportunidad, se eliminaron 13.644 expedientes judiciales y 248 cajas de documentación interna en desuso, que fueron entregados a la Cooperativa Santa Rita Ltda. con fines de reciclaje.
En total, el material descartado representó 6.700 kilogramos de papel recuperado, lo que refuerza el compromiso institucional con una gestión ambientalmente responsable. Este tipo de acciones se enmarca en una política sostenida de despapelización impulsada por el Superior Tribunal de Justicia, orientada a optimizar el uso del soporte digital y reducir el volumen de documentación física acumulada.
La eliminación documental está regulada por normas específicas que establecen criterios y mecanismos diferenciados para su ejecución. Entre ellos, figuran los regímenes de Eliminación Inmediata, Eliminación Extraordinaria, Eliminación en el Fuero Penal y la eliminación de Documental Interna, cada uno con acuerdos y requisitos precisos. “Se recuerda a todos los organismos judiciales que continúan vigentes los mecanismos autorizados para llevar adelante estas tareas”, indicaron desde la Dirección General de Archivos.
Este segundo operativo se suma al ya realizado en abril, cuando se descartaron 14.393 expedientes y 220 cajas, totalizando 8.757 kilos de papel. En ambos casos, el destino del material fue su reciclado, en línea con las políticas institucionales de sostenibilidad.
GESTIÓN DOCUMENTAL Y SOSTENIBILIDAD
Desde la Dirección de Archivos se remarcó la importancia de continuar con estos procesos para garantizar una administración más eficiente de los recursos. “Promover una gestión documental eficiente y ambientalmente responsable” es uno de los objetivos declarados por el Poder Judicial en el marco de esta política, que también incluye el impulso a herramientas digitales para reducir la generación de papel.
La despapelización, además de tener un impacto positivo en el ambiente, facilita la organización interna del sistema judicial, aliviando el volumen de documentación almacenada y mejorando el acceso a la información relevante. Las directrices vigentes establecen procedimientos claros para el descarte de documentos, permitiendo que cada área evalúe su archivo conforme a lo establecido en los acuerdos correspondientes.
La Dirección General de Archivos ofrece asesoramiento permanente para aquellas dependencias que deseen iniciar procesos de eliminación. Para ello, se puede contactar al correo electrónico institucional o a través de las líneas telefónicas oficiales, habilitadas para consultas técnicas y operativas sobre los procedimientos en curso.
Estas acciones dan continuidad a una política que se ha sostenido a lo largo de los últimos años y que se articula con una visión más amplia del Poder Judicial respecto al uso eficiente de los recursos y el cuidado del medio ambiente. El reciclado del papel descartado representa, además, una contribución concreta a la economía circular a través de cooperativas locales.
