Organizaciones, familiares y prestadores de servicios marcharon al Congreso de la Nación en reclamo contra el ajuste que afecta al sector
La convocatoria se trata de una reacción a un desfinanciamiento que arrastra años, pero que acusan de haberse agudizado durante el último año por directiva del actual gobierno nacional. En ese contexto, la acción tiene como objetivo exigir la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad, que sería tratada la semana próxima en la Cámara de Diputados.
“Venimos hace mucho tiempo arrastrando un déficit, pero es la primera vez en 23 años que nos vimos en la necesidad de suspender las actividades, porque la situación se está haciendo totalmente insostenible. Hoy, hay un 73% debajo de lo que es la inflación.
Los profesionales de apoyo están cobrando 307.000 pesos por trabajar cinco días a la semana por cuatro o cinco horas diarias”, dijo hoy, a metros del Congreso de la Nación, Elizabeth Karina Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE), que nuclea y representa a más de 200.000 niños y jóvenes discapacitados.
Pasadas las 11 de la mañana, lo que había comenzado con semaforazos en las esquinas de Rivadavia e Yrigoyen, derivó en un corte de la calle entre ambas avenidas sobre Entre Ríos frente al palacio legislativo nacional, dado el incremento de la convocatoria a medida que fue avanzando la mañana. Con cánticos, pancartas e identificaciones, allí se congregaron espacios, agrupaciones e instituciones que llegaron desde diversos puntos del AMBA como Andalican, ADEEI, FUNDAIPA, Proyecto Haser, Includere, Lazos, el Centro Educativo Terapéutico, Discapacidad Unidos Zona Sur, AmaRed, el Instituto Dejarlo Ser de Adrogué y Prestadores CABA Agrupados, entre otros.
Cuando la columna que marchaba pasó junto al edificio donde funciona la Agencia Nacional de Discapacidad, se vio que empleados saludaban desde las ventanas y se secaban las lágrimas de emoción.
“Fue una marcha pacífica, en reclamo de los derechos de las personas con discapacidad. Muchos prestadores y familias reclamando irregularidades en los pagos, falta de autorización de tratamientos y falta de ajuste de los aranceles desde diciembre 2024. Nos juntamos en Congreso y caminamos hasta el Ministerio de Salud. Pasamos caminando por la Andis (agencia nacional de discapacidad) y los mismos trabajadores salieron a alentar por las ventanas como muestra de apoyo. Desde el ministerio también nos tiraban papeles en señal de apoyo”, dijo Sofía, una terapista ocupacional que participó de la movilización.
