La Procuración General de la Nación creó un programa específico para incorporar inteligencia artificial en el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de modernizar sus procesos, mejorar la gestión institucional y asegurar un uso ético y responsable de la tecnología. La iniciativa contempla principios internacionales, aborda riesgos asociados y establece un modelo de gobernanza que mantiene el control humano sobre las decisiones.
Mediante la Resolución PGN 14/25, la Procuración General de la Nación estableció el Programa de Inteligencia Artificial del Ministerio Público Fiscal (MPF), con el objetivo de incorporar esta tecnología en los distintos niveles operativos del organismo.
El programa se enmarca en una política de modernización institucional y busca mejorar la eficiencia mediante la automatización de tareas, la digitalización de procesos y el uso de datos para la toma de decisiones. La Secretaría de Coordinación Institucional estará a cargo del desarrollo y monitoreo del programa, junto a las Secretarías Disciplinaria y Técnica y de Administración y Recursos Humanos.
El procurador general interino, Eduardo Casal, formalizó esta iniciativa como parte de una estrategia que busca fortalecer las funciones del MPF a través de la transformación digital. La creación del programa se produce en un contexto de incorporación creciente de herramientas tecnológicas en el ámbito de la justicia, con el propósito de optimizar procesos administrativos y judiciales.
La resolución establece una estructura operativa específica que articulará el desarrollo, evaluación y seguimiento de los proyectos vinculados a inteligencia artificial. Este nuevo marco permitirá canalizar las propuestas tecnológicas presentadas por distintas dependencias del MPF y promoverá la cooperación con actores externos del sector público, privado y académico.
MARCO DE MODERNIZACIÓN Y TECNOLOGÍA JUDICIAL
La creación del Programa de IA se inscribe en una línea de trabajo institucional que ya contempla sistemas como Coirón, para la gestión de causas penales, y Sinope, para casos no penales. También se han implementado procesos de interoperabilidad con otras agencias del Estado y digitalización de expedientes, con el objetivo de consolidar un entorno digital más eficiente y transparente.
En este sentido, Casal destacó que "la irrupción de nuevas tecnologías, particularmente aquellas vinculadas al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, representa el más reciente y profundo avance en la materia, con capacidad para transformar radicalmente los procesos institucionales". La utilización de estas herramientas se concibe como un mecanismo para mejorar la gestión de información judicial y administrativa, detectar patrones delictivos, automatizar tareas repetitivas y optimizar la atención al público.
Además, el procurador subrayó que la inteligencia artificial "podría tener un amplio potencial de aplicación en el Ministerio Público Fiscal", en tanto permite la generación de reportes estadísticos e indicadores de desempeño que faciliten la toma de decisiones con base en evidencia.
DESAFÍOS Y PRINCIPIOS PARA UNA IMPLEMENTACIÓN RESPONSABLE
Si bien la resolución enfatiza las oportunidades que presenta la IA para fortalecer las capacidades del MPF, también advierte sobre los desafíos inherentes a su implementación. Entre ellos, se mencionan la falta de transparencia, los sesgos algorítmicos y los posibles impactos sobre derechos fundamentales. En ese marco, se propone un abordaje estratégico que contemple una gestión de riesgos ajustada al nivel de impacto de cada sistema de IA.
El documento reconoce la complejidad de incorporar tecnologías como la inteligencia artificial generativa —incluyendo sistemas como ChatGPT, Gemini, Copilot o Claude— y destaca la necesidad de adoptar estándares internacionales. Se citan como referencias normativas el Reglamento de la Unión Europea sobre IA, el Convenio Marco del Consejo de Europa y las recomendaciones de organismos como la UNESCO y la OCDE.
Asimismo, se establece como principio central el aseguramiento del control humano sobre las herramientas de inteligencia artificial. Las decisiones institucionales deben seguir siendo adoptadas por personas responsables, en un marco que garantice la rendición de cuentas, la protección de datos y el respeto a los derechos fundamentales.
FUNCIONES DEL PROGRAMA Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Entre las funciones asignadas al Programa de IA figuran la elaboración de una estrategia institucional, la formulación de lineamientos éticos y técnicos, el relevamiento de necesidades, y la promoción de nuevas iniciativas tecnológicas. También tendrá a su cargo la evaluación y monitoreo de proyectos en curso, la elaboración de guías de buenas prácticas y la capacitación del personal.
Se prevé que el programa incentive la cooperación con instituciones nacionales e internacionales del ámbito científico, académico y tecnológico. Esta apertura busca asegurar una integración responsable y actualizada de las herramientas de IA, en línea con los desafíos de un sistema de justicia moderno.
