La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento de once ex funcionarios de fuerzas de seguridad y del Ejército Argentino por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia del Chaco entre 1974 y 1979.
La resolución fue dictada el 12 de mayo por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, quienes ratificaron las imputaciones por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados contra 23 personas.
Los hechos ocurrieron durante la última dictadura cívico-militar y se inscriben en el marco del accionar represivo del terrorismo de Estado. Las víctimas fueron alojadas en distintos centros clandestinos de detención, como la Brigada de Investigaciones, la Alcaidía Policial y la Unidad Penal Federal U7.
El fallo alcanza a personal del Ejército, de la Policía del Chaco, de la Alcaidía Policial y del Servicio Penitenciario Federal. Entre ellos se encuentran los ex tenientes coroneles Aldo Martínez Segón y Tadeo Bettolli, el ex teniente primero Alberto Patteta, así como el ex comisario general José Rodríguez Valiente y otros seis ex agentes de distintas fuerzas.
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
En los fundamentos, las magistradas subrayaron la importancia de las pruebas testimoniales aportadas por víctimas y testigos presenciales. “Adquieren singular importancia las declaraciones de los testigos directos y víctimas, quienes fueron protagonistas de los sucesos”, sostiene la resolución, al tiempo que destaca la necesidad de confrontar estos relatos con otras pruebas documentales.
Según el análisis de la Cámara, “los dichos de las víctimas resultan contundentes y verosímiles en lo que respecta a las condiciones de detención en la Brigada de Investigaciones y en la Alcaidía Provincial”, incluyendo la identificación de los responsables y los tratos recibidos durante el cautiverio.
Las juezas señalaron además que “de tales relatos puede colegirse el *modus operandi* de algunos funcionarios policiales y militares intervinientes, quienes ejecutaban procedimientos violentos como parte de un plan sistemático dirigido a la población civil”. Esta valoración permitió encuadrar las conductas investigadas como delitos de lesa humanidad.
LAS VÍCTIMAS Y EL CONTEXTO REPRESIVO
La causa, conocida como “Caballero IV”, investiga las violaciones a los derechos humanos sufridas por 23 personas. Entre las víctimas se encuentran un bebé de ocho meses detenido junto a su madre, cuatro hermanas menores de edad, estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales. Todos tenían participación en espacios sociales, educativos y políticos, como colegios, parroquias, Ligas Agrarias, Juventud Peronista, el peronismo de base y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Estas personas fueron secuestradas mediante operativos conjuntos del Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, para luego ser trasladadas al Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones y, posteriormente, a la Alcaidía Policial y a la Cárcel Federal U7.
En el mismo fallo, la Cámara también hizo lugar parcialmente a la apelación presentada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal y por las querellas de las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia, revocando la falta de mérito de los imputados Ignacio López y Humberto Maidana. La justicia ordenó dictar una nueva resolución respecto de su situación procesal.
