El juicio por el doble homicidio en Curuzú Cuatiá enfrenta dos interpretaciones opuestas sobre la responsabilidad penal de la madre acusada: la Fiscalía sostiene su plena conciencia y la Defensa alega un trastorno mental transitorio. Las pruebas psicológicas, los testimonios y la interpretación del contexto familiar constituyen el núcleo del debate. El Tribunal deberá ahora resolver un caso que entrecruza dolor, salud mental y justicia penal.
El juicio por el doble homicidio de dos niños en Curuzú Cuatiá, ocurrido en noviembre de 2023, ingresó en su etapa final con la presentación de alegatos por parte de la Fiscalía y la Defensa. El caso, que generó gran conmoción social, tiene como principal acusada a la madre de las víctimas, quien permanece detenida desde entonces. La acusación sostiene que la mujer actuó con plena conciencia, mientras la defensa alega un estado de trastorno mental transitorio.
Este lunes 12 de mayo, el Tribunal de Juicio, conformado por los jueces Jorge Troncoso, Juan Manuel Muschietti y Ramón Ríos, escuchó las conclusiones finales del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Oficial. La audiencia tuvo lugar en el marco de una causa que plantea profundas controversias jurídicas, médicas y sociales.
La fiscal Clara Belén Arrúa, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Curuzú Cuatiá, afirmó con firmeza que la acusada "quiso matar a sus hijos y no mostró ninguna conducta de arrepentimiento". En su intervención, descartó la posibilidad de una inimputabilidad por alteración psíquica y negó la existencia de un contexto de violencia de género.
FUNDAMENTOS DE LA FISCALÍA
Durante su alegato, la fiscal Arrúa sostuvo que la mujer actuó de manera consciente y comprendiendo plenamente la criminalidad de sus actos. Para respaldar esta afirmación, destacó los informes realizados por la psicóloga y el psiquiatra forenses del Poder Judicial, quienes concluyeron que la imputada tenía capacidad plena para actuar conforme a derecho.
La representante del Ministerio Público cuestionó además la estrategia de la Defensa, calificando como "inconsistente" la prueba presentada respecto a la supuesta alteración mental. Señaló que no se acreditó un trastorno mental transitorio completo que exima de responsabilidad penal.
En cuanto al contexto personal de la acusada, la fiscal descartó que haya sido víctima de violencia de género. Aseguró que los testimonios de familiares cercanos no avalaron esa hipótesis, lo que —a su entender— refuerza la responsabilidad penal de la madre en los hechos investigados.
EL PLANTEO DE LA DEFENSA
La Defensora Oficial, Julieta Lacroze, argumentó en sentido contrario. Sostuvo que la acusada atravesaba un episodio de trastorno mental transitorio completo en el momento del hecho. "La prueba producida acredita que no comprendía la criminalidad de sus actos", sostuvo la letrada.
Lacroze desglosó las pericias en tres etapas, diferenciando entre los profesionales de la guardia del hospital local, los peritos forenses judiciales, y los especialistas que atienden a la imputada desde su ingreso a la Unidad Penal N°10. Criticó duramente a los peritos del Poder Judicial, señalando que "su dictamen fue parcializado y limitado al momento de la evaluación".
Además, la defensa ratificó la existencia de un contexto de violencia de género, el cual —según su exposición— derivó en episodios de autolesión y lesiones hacia los hijos. Con base en el artículo 34 inciso 1 del Código Penal, solicitó la absolución por inimputabilidad.
PRÓXIMAS INSTANCIAS JUDICIALES
Finalizados los alegatos, el Tribunal dio por concluida la audiencia. El próximo lunes 19 de mayo se escucharán las últimas palabras de la imputada. Luego, los jueces pasarán a deliberar sobre la responsabilidad penal y emitirán su veredicto.
La decisión del Tribunal será clave para determinar si la acusada será considerada penalmente responsable del doble homicidio o si se le aplicará alguna eximente por trastorno mental. El fallo también podría sentar un precedente en el abordaje judicial de casos donde convergen problemáticas de salud mental y violencia intrafamiliar.
Mientras tanto, el caso sigue generando impacto en la opinión pública y en los ámbitos institucionales, debido a la gravedad de los hechos y la complejidad de las valoraciones jurídicas involucradas.
