El economista Horacio Rovelli expuso un análisis crítico sobre el crecimiento exponencial de la deuda pública argentina, la dependencia del Fondo Monetario Internacional y los efectos del ajuste fiscal sobre las provincias, cuestionando además la legalidad y los riesgos del nuevo blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno nacional en un contexto de grave falta de divisas.
El economista Horacio Rovelli expresó su preocupación por el nivel actual de endeudamiento del Estado argentino y su impacto en la economía nacional.
En diálogo con el programa Antes que se Imprima, que conduce Raúl Acevedo, por Radio Dos, afirmó que “la inflación es como la fiebre del organismo, muestra que algo está mal” y que actualmente el Gobierno busca ocultarla mediante un “fuerte endeudamiento”.
El economista detalló que la deuda pública bruta de la Administración Nacional asciende a 490.000 millones de dólares, el doble del monto registrado en diciembre de 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder.
Rovelli señaló que este incremento de deuda no se corresponde con mejoras estructurales en el país. “No se compró un ladrillo”, sostuvo, en referencia a la falta de inversiones en infraestructura o generación de empleo a gran escala. Para el economista, existe un “contubernio” entre sectores del poder político, económico y mediático que permite este crecimiento del pasivo nacional.
El analista también se refirió a la situación del Banco Central, que continúa debilitado por la escasez de dólares. A pesar de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), como los 20.000 millones de dólares autorizados en abril, Argentina no logra estabilizar sus reservas ni contener la inflación estructural. “Nos estamos endeudando con una deuda impagable”, subrayó.
EL PESO ARGENTINO Y EL ROL DEL FMI
Rovelli remarcó que el endeudamiento creciente tiene una consecuencia directa en las finanzas del país. De acuerdo con sus cálculos, los intereses mensuales de la deuda alcanzan los 4.750 millones de dólares, equivalentes a 5 billones de pesos. Esto representa casi la mitad del gasto total de la Administración Nacional, que se ubica en torno a los 10,1 billones de pesos mensuales. “Si pagáramos los intereses y la deuda, tendríamos que dejar de pagar jubilaciones, salarios, o cerrar el Estado”, afirmó.
Respecto al FMI, Robelli indicó que Argentina concentra el 44% de todos los préstamos otorgados por el organismo. De los 157.000 millones de dólares que ha prestado a nivel global, 61.500 millones corresponden a Argentina. “¿Por qué Argentina tiene ese privilegio?”, cuestionó, en alusión a lo que considera un vínculo desproporcionado.
El economista también hizo hincapié en las prácticas contables que permiten mostrar superávit fiscal. Según explicó, ese superávit se logra “porque no se pagan los intereses de la deuda” o se capitalizan mediante instrumentos como las LECAP. Para Rovelli, esto es un mecanismo que maquilla la verdadera magnitud del problema.
IMPACTO EN LAS PROVINCIAS Y PROPUESTA DE REFORMA TRIBUTARIA
En otro tramo de la entrevista, Rovelli advirtió sobre las implicancias del ajuste fiscal sobre las provincias. Detalló que el gasto público consolidado representa el 35% del Producto Bruto Interno (PBI), dividido entre Nación (17%), provincias (15%) y municipios (3%). A su juicio, el Gobierno nacional se “desentiende” de sus obligaciones trasladando los costos a los niveles subnacionales.
Además, criticó la intención del Ministerio de Economía de avanzar con una reforma tributaria que eliminaría el impuesto a los Ingresos Brutos, que constituye el 80% de los recursos propios de las provincias. La propuesta oficial contemplaría una distribución del 21% del PBI entre Nación y provincias, pero impediría a estas últimas cobrar dicho impuesto. “Eso genera una competencia fiscal entre provincias, con riesgo de desfinanciar sus economías”, explicó.
Rovelli acusó al ministro Luis Caputo de actuar con “hipocresía” y de estar “comisionando” en beneficio de intereses particulares. “Le dicen ajuste, pero es ajuste a costa de cerrar hospitales y suspender la obra pública”, afirmó.
DÓLARES, BLANQUEO Y RIESGOS DE LAVADO DE DINERO
Finalmente, el economista se refirió al reciente blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno. Cuestionó la legalidad y los riesgos asociados a la medida, que permite ingresar dólares sin exigir una justificación rigurosa del origen. “En un país atravesado por el narcotráfico, esto demuestra el grado de desesperación que tiene el Estado”, expresó.
Recordó que en la ley anterior se había establecido que no habría nuevos blanqueos hasta el año 2038. No obstante, se recurrió nuevamente a este mecanismo, en contradicción con lo previamente legislado. Robelli advirtió que se está permitiendo una “barbaridad jurídica”, vulnerando leyes como la del procedimiento tributario, penal tributaria y de lavado de activos.
Según relató, el lunes 5 de mayo el país tuvo que reunir 650 millones de dólares para pagar intereses al FMI, pese a que una semana antes el organismo había desembolsado 12.000 millones. “No tienen dólares, por eso apelan a cualquier instrumento que les permita seguir funcionando”, concluyó.
