Están imputados cinco efectivos del Grupo de Intervenciones Rápidas (G.I.R) y un funcionario público por los delitos de "abandono de persona agravado por el resultado de muerte; severidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El Tribunal estará integrado por la presidenta Ana del Carmen Figueredo y los vocales Darío Alejandro Ortíz y Román Facundo Esquivel, con la actuación de Tamara Lorena Brescovich como secretaria de juicio. El fiscal a cargo será el doctor Carlos José Lértora. Las defensas estarán representadas por los abogados Jorge Buompadre, Mónica Montañez Vázquez, Diego O. Falcón, Carlos Navarro y Francisco Leguizamón. En calidad de querellantes actuarán Herminio I. González y Sonia González.
Los acusados Carlos Alberto Prieto, Juan Daniel Aveiro, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero enfrentarán el juicio en libertad. También será juzgado Vicente Manuel Pruyas Suárez, aunque únicamente por incumplimiento de deberes de funcionario público. Los delitos imputados prevén penas que van de uno a quince años de prisión, dependiendo de la gravedad de las conductas atribuidas.
Según la investigación, la muerte de Lautaro Rosé se habría producido en el marco de un operativo policial desplegado tras incidentes en la costanera de Corrientes durante la madrugada del 8 de noviembre de 2021. Testimonios e imágenes de cámaras de seguridad registraron la persecución de un grupo de jóvenes, entre los cuales se encontraba Lautaro, hacia la zona costera.
LOS HECHOS INVESTIGADOS
De acuerdo con los registros, la persecución policial se intensificó al llegar al club Boca Unidos, donde Lautaro y otro joven optaron por intentar escapar hacia el agua. El adolescente que acompañaba a Rosé logró salir del río, pese a los disparos de balas de goma recibidos en ese momento. Según relató, fue golpeado y esposado sin que se realizara un registro formal de su detención.
La evidencia secuestrada incluye cartuchos percutidos de escopeta, balas de goma y municiones de calibre 38, además del hallazgo de las zapatillas de Lautaro sobre unas rocas cercanas. Los informes médicos respaldaron el testimonio del joven sobreviviente sobre las agresiones físicas recibidas.
Se acreditó que, mientras Lautaro pedía auxilio desde el agua, los efectivos presentes no realizaron ninguna maniobra de rescate. Asimismo, se denunció que los policías amenazaron al menor que logró salvarse para que no declarara sobre los hechos ocurridos esa noche.
El proceso judicial buscará determinar la responsabilidad de los imputados en la muerte de Lautaro Rosé, en un caso que ha generado un fuerte impacto público por la gravedad institucional que implica.
La expectativa se centra en el esclarecimiento de las circunstancias que derivaron en el trágico desenlace y en la actuación de los funcionarios policiales involucrados.
