El conflicto salarial en el Poder Judicial de la Nación sigue escalando, con paros y manifestaciones en varias provincias ante el rechazo de los trabajadores a un incremento del 1,8%. En paralelo, la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal genera incertidumbre por la falta de infraestructura y capacitación. Desde el sindicato analizan nuevas medidas de fuerza, el sector judicial enfrenta un escenario de tensión y cambios estructurales.
El Secretario General de los Judiciales de la Nación, Juan José Ferreyra, confirmó que el martes se llevará a cabo un plenario nacional para definir la continuidad de las medidas de fuerza.
El encuentro se desarrollará de manera presencial en la Ciudad de Buenos Aires y por videoconferencia con delegados de todo el país, se evaluará la posibilidad de un nuevo paro, medida que ya se implementó el viernes pasado.
El motivo del conflicto radica en el rechazo gremial a un aumento salarial del 1,8% otorgado recientemente.
Al respecto, Ferreyra afirmó que la suba es "absolutamente insuficiente", ya que los trabajadores judiciales han sufrido una pérdida del 25% de su poder adquisitivo en el último año. En este contexto, el sindicato exige un incremento del 10% a partir del 1 de febrero y un 5% adicional desde el 1 de marzo.
En ese contexto, afirmó que las manifestaciones y paros han tenido una importante adhesión en varias jurisdicciones del país, incluyendo Corrientes, Paso de los Libres y Goya.
No obstante, el dirigente sindical aclaró que en todas las medidas se garantiza una guardia mínima para atender cuestiones urgentes, asegurando así el funcionamiento básico del Poder Judicial.
VIOLENCIA LABORAL Y DENUNCIA CONTRA UNA JUEZA
El Secretario General de los Judiciales de la Nación, por otra parte, indicó que el gremio también ha puesto el foco en la problemática de la violencia laboral dentro del Poder Judicial.
En este sentido, Ferreyra mencionó un caso que el gremio impulsa contra la jueza de Goya, Cristina Pozzer Penzo, quien habría sido denunciada ante el Consejo de la Magistratura por presuntos malos tratos hacia sus empleados.
"Nosotros bregamos por un ambiente laboral sano", expresó Ferreyra, subrayando la preocupación del gremio ante esta situación.
Según indicó, varios trabajadores afectados se encuentran con licencias médicas avaladas por la Junta Médica Oficial de Buenos Aires. Asimismo, lamentó que la comisión que debía tratar este caso se encuentra actualmente inactiva, lo que impide el avance de las investigaciones.
El dirigente gremial también recordó un antecedente similar en Paso de los Libres, donde un expediente relacionado con denuncias de violencia laboral quedó archivado. "No podemos tolerar ni admitir que estas denuncias queden sin resolución", afirmó Ferreyra, exigiendo la inmediata reactivación de los procedimientos en el Consejo de la Magistratura.
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO
Por otra parte, el gremialista se refirió a la inminente implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, prevista para el 1 de diciembre en Corrientes.
Se trata de un cambio estructural que supone la adopción del sistema acusatorio, en el cual el rol del fiscal cobra mayor protagonismo, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales.
En ese sentido, indicó que, desde el gremio, si bien reconocen que se trata de "un avance desde el punto de vista teórico", advierten sobre diversas dificultades en su aplicación práctica.
"Tenemos un problema edilicio y de infraestructura. No sabemos dónde funcionarán las nuevas oficinas ni contamos con los espacios adecuados", explicó Ferreyra. También mencionó la necesidad de una capacitación intensiva para el personal, un aspecto que aún no ha sido resuelto.
En esa línea, remarcó que el sindicato trabaja en conjunto con la Asociación de Magistrados para garantizar una transición ordenada.
No obstante, subrayó que persisten las dudas sobre si el sistema podrá implementarse en los plazos previstos sin afectar el normal funcionamiento del servicio de justicia.
