Un proyecto de resolución de Diputados incorpora a representantes de asociaciones civiles al referido Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura El organismo funciona hasta ahora con miembros de las dos cámaras legislativas de Corrientes. Lo integran los diputados Andrea María Giotta, Hugo Vallejos y Marlén Gaúna y los senadores Diógenes González y Barrionuevo Se incorporan. Sofía Domínguez por Espacio de la Memoria al Galpón Corrientes , Jorge Isleta de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, José Vázquez de la Asociación Casa de Derechos Humanos, Tobani de la Asociación Civil por la Memoria, de la verdad y la justicia de Paso de los Libres y Lisa Monje de la Asociación Civil por la Memoria Derechos Humanos, Solidaridad de Goya puedan ser incorporados en este comité bajo el artículo 6 de la ley 6280 que permite que estos comités evaluadores de tanto de penitenciarias como centros de cuidado de menores y también como albergue de mujeres con violencia, puedan participar de inspecciones y puedan ver si los tratados están cumpliendo como lo establece la ley”.
Queda completo con la incorporación de s estás 5 asociaciones civiles, bajo el artículo 6 de la ley 6280 que permite que los comités evaluadores de penitenciarias como centros de cuidado de menores y albergues de mujeres con violencia, puedan participar de inspecciones y puedan ver si los tratados están cumpliendo como lo establece la ley.
El proyecto de Resolución tratado hoy sobre tablas aprueba “a los cinco miembros que fueron ternados en Boletín Oficial por 4 años "
La incorporación de los nuevos miembros se propuso el 10 de marzo hasta el 21 de marzo, como no hubo ninguna impugnación empezarían a cumplir funciones a partir de las sanciones tanto de la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores
El comité tiene como objetivo garantizar la aplicación efectiva de las normativas nacionales e internacionales destinadas a prevenir y erradicar la tortura y otros tratos inhumanos, en línea con los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos.
