El analista político opinó que si bien en el plano de la negociación con las provincias, el gobierno ha destinado una cantidad récord de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en un intento de fortalecer su posición, especialmente en distritos gobernados por el peronismo, los gobernadores priorizarán sus propios territorios y rechazarán estrategias impuestas a nivel nacional.
El analista político Enrique Zuleta Puceiro, entrevistado en Antes que se Imprima, con la conducción del periodista Raúl Acevedo, analizó la reciente marcha del 24 de marzo y su impacto en el escenario político argentino.
Expresó que la movilización evidenció la capacidad de convocatoria de sectores opositores vinculados al kirchnerismo y la izquierda, pero no contó con la presencia de otras fuerzas políticas ni de organizaciones de derechos humanos.
Sostuvo que el gobierno enfrenta dificultades que van más allá de la movilización social, incluyendo la volatilidad de los mercados, las demoras en la negociación con el FMI y las tensiones en el Congreso.
En el plano de la negociación con las provincias, el gobierno ha destinado una cantidad récord de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en un intento de fortalecer su posición, especialmente en distritos gobernados por el peronismo.
Zuleta Puceiro destacó que el año 2025 estará marcado por una intensa actividad electoral con 24 comicios provinciales, y que, en este proceso, los gobernadores priorizan sus propios territorios y rechazan estrategias impuestas a nivel nacional.
La marcha del 24 de marzo, ¿es una derrota política para el gobierno?
—No, yo creo que no. Creo que este tipo de marcha siempre tiene un doble significado. Por un lado, demostró la capacidad de movilización de un sector de la oposición, compuesto principalmente por la izquierda y las organizaciones más cercanas al kirchnerismo dentro del peronismo. No hubo presencia de otras fuerzas políticas ni de organizaciones de derechos humanos. En ese sentido, diría que fue una de las manifestaciones más completas que ha logrado ese sector.
Desde el punto de vista del gobierno, el efecto también es doble. Por un lado, debe reconocer que los protocolos de manejo de la calle son relativos: sirven cuando se trata de contener una protesta, pero no frente a una expresión civil característica como lo es el 24 de marzo. Esto redujo las expectativas del oficialismo en cuanto a su capacidad de control del espacio público y, en consecuencia, atenuó la idea de que le habían "ganado la calle". Por otro lado, fue relevante que el arco político al que apunta el gobierno —integrado por fuerzas del radicalismo, organizaciones cercanas al centroizquierda y centroderecha— no participó de la marcha. No estuvo presente ni en las calles ni en las manifestaciones, salvo por algunas declaraciones aisladas.
En el marco de la estrategia actual del gobierno, que consiste en resistir mientras enfrenta dificultades notables, la principal preocupación es la volatilidad de los mercados, las demoras en la respuesta del FMI y la situación del Congreso. En este último ámbito, se espera la conformación de una comisión investigadora que podría implicar al propio presidente, a su hermana y a varias figuras clave del oficialismo. El caso Libra es particularmente preocupante por su impacto internacional. Otro tema sensible es la Corte Suprema, donde al gobierno le ha resultado difícil avanzar. Hay una audiencia programada para el 3 de noviembre en la que el oficialismo enfrentará un fuerte cuestionamiento de casi todas las fuerzas políticas. Actualmente, los números no alcanzan para aprobar los pliegos, aunque no se descarta un esfuerzo negociador con las provincias, no solo con las aliadas, sino también con algunas gobernadas por el peronismo. En solo tres meses, el gobierno nacional ha distribuido más Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que en todo el año 2024.
—Chaco es un ejemplo de eso.
—Sí, Chaco y varias provincias, especialmente aquellas gobernadas por el peronismo con una orientación cercana al kirchnerismo. Creo que lo que se está definiendo en este momento es el sistema de partidos para las próximas elecciones. Habrá una reconfiguración. No creo que las mismas fuerzas políticas permanezcan inalteradas. El gobierno intentará polarizar y priorizar la gestión económica, pero no hay duda de que se trata de elecciones provinciales. Habrá 24 comicios que se desarrollarán desde mayo en adelante, lo que convierte al 2025 en un año netamente electoral.
Cada provincia tendrá su propia lógica, y las alianzas se definirán principalmente en función de los gobernadores. Ningún gobernador permitirá que le impongan una estrategia nacional, ni parece haber intención de insertarse en una estructura partidaria a nivel nacional. Es como si se hubiera puesto un paréntesis a la confrontación presidencial: cada gobernador busca fortalecer su propio territorio.
A diferencia de otros tiempos, la posibilidad de que los gobernadores ocupen bancas en el Congreso ya no parece una prioridad. Lo que realmente les interesa es mantener bajo control a sus senadores y garantizar la mayoría en las legislaturas provinciales, ya que eso será clave para el próximo período de gobierno. Un gobernador sin control legislativo quedará paralizado, e incluso su estabilidad política podría verse amenazada. Este escenario fragmenta aún más el proceso electoral.
