En explicar las razones, el Gobierno de Javier Milei retiró el reconocimiento de la responsabilidad estatal sobre la represión desatada por las fuerzas policiales el 19 y 20 de diciembre del 2001.
En la audiencia de la causa que investiga la muerte de Diego Lamagna- uno de los 36 asesinados en las trágicas jornadas- los representantes del Estado argentino no explicaron el abrupto cambio ni respondieron preguntas.
El caso “Diego Lamagna y familia y otros Vs Argentina” está siendo tratado por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDI) y busca establecer si el Gobierno comandado por Fernando De la Rúa vulneró derechos reconocidos en la Constitución y en múltiples tratados internacionales.
Según repasó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las pruebas, recabadas a través de años de investigación y sentencias judiciales, "demuestran que detrás de estos crímenes estuvieron las máximas autoridades políticas del país".
El CELS indica que tanto el ex presidente De la Rúa como los responsables de Seguridad son culpables de los cientos de heridos y las 36 victimas fatales "por declarar el estado de sitio en forma irregular y ordenar y ejecutar la represión".
La acusación expresa que el Estado argentino es responsable de la violación de múltiples artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), entre ellos el derecho a la vida y a la integridad personal, por el uso desmedido de la fuerza que resultó en muertes y heridas graves; el derecho a la libertad personal, por las detenciones arbitrarias sin fundamentos legales; el derecho a la protesta, por la criminalización y represión; por la declaración del Estado de excepción inconstitucional, sin justificación real, utilizada como pretexto para desarticular la protesta.
