Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se informó que, en la Audiencia Pública Virtual N.º 106/25 convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), se rechazaron los pedidos de aumentos tarifarios del 35,78% solicitados por la empresa distribuidora GASNEA.
El encuentro, iniciado el jueves 6 del corriente mes y año, tuvo como objetivo escuchar las propuestas de dos transportadoras, diez distribuidoras y una subdistribuidora respecto a las tarifas e inversiones previstas hasta 2029.
Participaron más de 50 expositores, entre ellos el Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, quien expresó su oposición a la solicitud de aumento tarifario.
Durante su intervención, Gialluca denunció que la desregulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por parte del Gobierno Nacional ha dejado en total desprotección a los consumidores, obligándolos a pagar costos elevados por el gas envasado, mientras que desde hace tiempo se encuentran imposibilitados de acceder al gas por red.
Ante esta situación, solicitó al ENARGAS que, en coordinación con las empresas transportistas y distribuidoras, implemente un plan de inversiones para habilitar la expansión de las redes de gas en Formosa. Asimismo, instó a que, hasta tanto se ejecute dicha medida, la provisión de gas en garrafas sea considerada un servicio público.
En el marco del debate sobre la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), la cual podría significar el fin del esquema de subsidios generalizados vigente desde 2002, el Ombudsman provincial pidió que cualquier ajuste tarifario contemple la realidad socioeconómica de los consumidores formoseños.
En este sentido, subrayó la necesidad de priorizar la expansión de las redes de gas en barrios populares, asentamientos y sectores altamente vulnerables antes de aplicar incrementos en las tarifas.
Finalmente, Gialluca rechazó la posibilidad de que GASNEA aplique actualizaciones mensuales basadas en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), argumentando que dicho mecanismo no guarda relación con la evolución del nivel de ingresos de los trabajadores formoseños, tanto formales como informales.
A su vez, advirtió que permitir ajustes automáticos en las tarifas representaría una renuncia del Estado Nacional a su obligación de proteger los intereses económicos de los usuarios y consumidores, según lo establecido en el Artículo 42 de la Constitución Nacional y diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
