La jueza federal N° 1, Zunilda Niremperger, emitió el 30 de diciembre una resolución que dispuso el procesamiento de los acusados por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados contra 23 víctimas. Los crímenes, cometidos como parte del terrorismo de Estado, tuvieron lugar en la provincia del Chaco entre 1974 y 1977.
Entre los procesados se encuentran:
- El exteniente coronel Aldo Martínez Segón, el exteniente coronel Tadeo Bettolli y el exteniente primero Alberto Patteta, del Ejército Argentino.
- El excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente, el exsuboficial mayor Gabino Manader, el exsuboficial principal Jorge Ángel Ibarra, el exsargento José Marín y el exagente Emilio Zárate, todos de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.
- El oficial de la Alcaidía Policial Juan Ramón Rodríguez Valiente, el exalcalde y jefe de guardia de la Cárcel Federal U7 Pablo César Casco, y el agente Ignacio López, de Comunicaciones de la Policía del Chaco.
La jueza ordenó la detención y prisión preventiva con arresto domiciliario de Juan Ramón Rodríguez Valiente, Ignacio López y Emilio Zárate. Los demás procesados ya se encuentran detenidos cumpliendo diversas condenas.
Además, la resolución dictó la falta de mérito para Humberto Ramón Maidana, agente de la Alcaidía Policial, y declaró la prescripción de la acción penal debido al fallecimiento de Carlos José Sartori, comandante de Gendarmería, y de los cabos de Policía Félix Omar Balbuena y Martín Aguilar.
El suboficial Miguel Vitorello fue apartado del proceso por incapacidad sobreviniente, mientras que el agente Luciano Cáceres, de la Dirección de Investigaciones, está a la espera de una evaluación médica.
Este caso constituye la quinta investigación judicial que reconstruye y juzga crímenes perpetrados en la Brigada de Investigaciones —el principal centro clandestino de detención del Chaco, donde hoy funciona la Casa por la Memoria—, así como en la Alcaidía Policial y la Cárcel Federal U7.
LAS VÍCTIMAS
La causa Caballero IV incluye a 23 víctimas, entre ellas un bebé de ocho meses detenido junto a su madre, cuatro hermanas menores, estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales. Todos tenían militancia social en colegios, facultades, parroquias y barrios, o participaban en Ligas Agrarias y organizaciones como la Juventud Peronista, el peronismo de base y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Las víctimas fueron secuestradas en operativos conjuntos del Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Posteriormente, fueron llevadas al centro clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones y, luego, trasladadas a la Alcaidía Policial y la Cárcel Federal U7.
