La policía federal intervino en una clínica maternal capitalina para revisar documentos de una cesárea programada por un bebé que había sido puesto en venta antes de nacer.
En la tarde del jueves 5 de diciembre, la Policía Federal realizó un allanamiento en una la clínica maternal Iberá, ubicada sobre calle Córdoba al 400 en la ciudad de Corrientes.
Según fuentes cercanas al caso, los efectivos se habrían centrado en la requisitoria de los registros administrativos, particularmente los relacionados con internaciones y partos realizados en la institución.
El procedimiento se enmarca en una investigación vinculada a un allanamiento previo, realizado el día miércoles 4 de diciembre, en una vivienda ubicada en el barrio Cambá Cuá.
En dicho operativo, un recién nacido fue rescatado y dos personas fueron detenidas. Las autoridades están investigando la posible venta de bebés a través de vientres subrogados, lo que originó la intervención judicial.
Esta mañana, la Clínica del Iberá emitió un comunicado en el que responde a las versiones que involucran su nombre en el caso.
La institución aclaró que, el 22 de noviembre de 2024, una paciente ingresó a la clínica para una cesárea programada, como parte de un tratamiento de reproducción asistida realizado en otra clínica.
De acuerdo con el comunicado, durante la internación, dos personas presentaron un oficio emitido por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, que ordenaba la inscripción del recién nacido como hijo de ambos.
En cumplimiento con el protocolo, la clínica entregó el certificado de nacido vivo a la madre gestante y facilitó la salida del paciente y el recién nacido, acompañados por una enfermera.
La clínica aseguró que colaboró en todo momento con el Juzgado Federal, proporcionando la documentación solicitada, y reafirmó que no se realizó un allanamiento en sus instalaciones.
Asimismo, expresó estar a disposición de las autoridades para facilitar toda la información necesaria en el marco de la investigación.
La investigación continúa bajo la supervisión de las autoridades judiciales, quienes buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en el contexto de la posible venta ilegal de bebés.
