Familiares y allegados de Miguel Alegre, quien fue detenido bajo la acusación de “merodeo” y hallado sin vida tres horas después en la Comisaría 5ª, han convocado a un reclamo de justicia exigiendo la investigación exhaustiva de su fallecimiento.
La trágica muerte de Alegre, presuntamente por ahorcamiento, pone en evidencia la urgente necesidad de revisar las prácticas policiales que, en su mayoría, permiten detenciones arbitrarias basadas en la “intuición” de efectivos, sin pruebas ni posibilidad de defensa.
En reiteradas ocasiones, la detención de personas bajo cargos de "merodeo" o "actitud sospechosa" se convierte en un factor de riesgo mortal en las primeras 24 horas de su aprehensión.
En los casos en que los detenidos sobreviven, enfrentan multas de hasta $31,000 diarios, impuestas por el simple hecho de transitar por las calles o recolectar materiales en condiciones de indigencia, una situación cada vez más común entre sectores vulnerables de la sociedad.
“Nadie debe morir en una comisaría, ni por acción directa ni por omisión de los deberes de cuidado”, sostienen los familiares, quienes remarcan que la responsabilidad última recae en el Estado, que debe garantizar el respeto por la vida y los derechos humanos de todas las personas bajo custodia.
