Las diputadas Silvia Galarza y Albana Rotela Cañete introdujeron un proyecto de ley que propone la creación de Unidades Fiscales Penales especializadas en delitos cibernéticos y entornos digitales. La iniciativa, pionera en la provincia de Corrientes, busca no solo perseguir delitos digitales, sino también educar a la comunidad en la prevención y protección ante estos ataques.
El proyecto de ley estipula la creación de seis Unidades Fiscales distribuidas en varias localidades de la provincia. Dos de ellas estarán ubicadas en la primera Circunscripción Judicial, en la ciudad de Corrientes, mientras que Goya, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres e Ituzaingó contarán con una unidad cada una. El Fiscal General del Poder Judicial tendrá la responsabilidad de fijar políticas de acción y podrá modificar la ubicación de estas unidades según las necesidades del servicio de justicia.
ACCIÓN CONTRA DELITOS CIBERNÉTICOS
Estas unidades tendrán como objetivo principal la investigación y persecución de delitos como el grooming, la explotación sexual infantil, el fraude informático, el daño informático y las estafas mediante técnicas de ingeniería social. Para garantizar una actuación eficaz, el proyecto incluye la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal colabore con el sector público y privado en la lucha contra la ciberdelincuencia.
CAPACITACIÓN PERMANENTE
Uno de los puntos clave de la iniciativa es la capacitación continua. El Artículo 5 del proyecto establece que los fiscales a cargo de estas unidades deberán realizar cursos anuales específicos en ciberdelincuencia, además de capacitar a otros funcionarios del Ministerio Fiscal para asegurar la actualización constante en técnicas de investigación digital.
Asimismo, el personal del Ministerio Público Fiscal podrá optar por mantenerse en sus unidades actuales o trasladarse a las nuevas unidades especializadas. Esta decisión deberá ser informada al Fiscal General en un plazo de 30 días desde la promulgación de la ley, garantizando una transición ordenada.
UN ENFOQUE ESPECIALIZADO ANTE UNA NUEVA REALIDAD
Las diputadas Galarza y Rotela Cañete destacan que el auge de los delitos en entornos digitales requiere de una respuesta adecuada por parte del Estado. Argumentan que estos delitos no solo afectan a ciudadanos vulnerables, sino también a la sociedad en general, superando las fronteras y dificultando la acción de la justicia tradicional. En este sentido, subrayan que el entorno digital ha facilitado la comisión de delitos complejos y de difícil investigación.
UN SISTEMA DE JUSTICIA ACORDE A LOS TIEMPOS
La propuesta de ley se enmarca en una estrategia para modernizar el sistema judicial de la provincia, en consonancia con otras jurisdicciones del país, como CABA, Salta y Mendoza, que ya cuentan con fiscalías especializadas en ciberdelincuencia. A diferencia de estas provincias, Corrientes aún no dispone de unidades especializadas en la materia, aunque ya cuenta con estructuras para delitos rurales y ambientales.
El proyecto de ley subraya la necesidad de crear una estructura eficiente y capacitada que esté a la altura de los avances tecnológicos para proteger a la sociedad ante este tipo de amenazas, cuya incidencia ha aumentado considerablemente desde la revolución digital, especialmente durante la pandemia.
