El investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, entrevistado por momarandu.com, indicó que aunque ha experimentado una ligera mejora entre trimestres, la pobreza sigue afectado a un mínimo del 26% de la población durante más de 20 años, con grave impacto en las generaciones enteras. Remarcó que su incremento al 52.9% ha sido exacerbada por la devaluación y el aumento de precios.
El analista subrayó que este índice no solo refleja una falta de ingresos, sino también la vulneración de derechos fundamentales como el acceso a vivienda de calidad, servicios básicos como agua corriente, y empleo formal.
El especialista remarcó que las transferencias sociales del Estado, como la Asignación Universal por Hijo y otras ayudas, aunque importantes, no son suficientes para combatir la pobreza.
Recordó que estas transferencias buscan compensar un mercado laboral ineficiente en la distribución de ingresos recalcando que a pesar de 22 años de transferencias sociales, la pobreza no baja del 25%.
Subrayó que las ayudas del Estado solo logran reducir la pobreza en un 5 o 6% y evitar que los niveles de indigencia, que alcanzan el 18.1%, se dupliquen, lo cual refleja una crisis profunda y prolongada.
-Detrás de cada 52.9% de personas en la pobreza hay historias de vida. ¿Porqué la pobreza sigue siendo estructural?
-Acá hay dos factores. Uno es que aparentemente hay un empeoramiento entre un semestre y el otro. Llegamos a un 52,9% en el primer semestre de este año, reflejando una población en situación de pobreza. La situación se agravó un poco más por el aumento de precios muy fuerte, especialmente tras la devaluación del mes de diciembre. Si uno desagrega los datos del primer y segundo trimestre, se observa un descenso, pasando del 55% al 51%. Pero venimos lidiando con una cuestión estructural: desde hace más de 20 años, al menos el 26% de la población está en situación de pobreza. Es decir, uno de cada cuatro argentinos vive en pobreza. Esto ya es parte de una tercera generación, no es algo momentáneo relacionado con los ingresos. Se van sumando privaciones, derechos vulnerados en cuanto a la calidad de la vivienda, el acceso a servicios como agua corriente, que son fundamentales. También está la cuestión del sistema de seguridad social, que muchas veces no está presente en los hogares, con trabajos no registrados o informales. A pesar de que el sistema de salud público funciona relativamente bien, muchas veces no hay dinero para comprar medicamentos. También está el problema en el ámbito educativo. Por eso decimos que la pobreza no es solo una cuestión económica; tiene un impacto más profundo, afectando derechos básicos y la vida en sociedad.
- Las transferencias del Estado desde el punto de vista social son importantes, pero no alcanzan. Usted siempre sostiene que la pobreza no se puede combatir solo de esa forma, especialmente por las políticas macroeconómicas que están llevando a una recesión profunda en Argentina.
- Sí, efectivamente. Las transferencias que hace el Estado, como la Asignación Universal por Hijo, así como otras ayudas nacionales, provinciales y municipales, son sistemas que tratan de compensar un mercado de trabajo que no es eficiente en la distribución de los ingresos. En los años 70 y 80, las familias podían vivir directamente de los ingresos del trabajo, y los niveles de pobreza eran muy bajos, entre un 5 y 7%. Pero hubo un quiebre en la estructura productiva debido a factores tanto nacionales como internacionales, y aparecieron estas transferencias, muy extendidas a partir de 2002, en respuesta a la desocupación. Sin embargo, estos son esquemas de emergencia, diseñados para momentos difíciles y breves. El problema es que llevamos 22 años con estos esquemas de emergencia, lo que significa que estamos en crisis desde hace más de dos décadas, y la pobreza no baja del 25%. Estas transferencias del Estado amortiguan la pobreza en 5 o 6 puntos porcentuales. En el caso de la indigencia, si no existieran, el nivel de indigencia se duplicaría. Según el INDEC, el 18,1% de la población está en situación de indigencia, lo que significa que no tienen ingresos suficientes para cubrir los gastos de alimentación.
- En ese contexto, el mercado de trabajo parece ser clave para salir de esta situación.
- Exactamente. Si no mejora el mercado de trabajo, no vamos a poder salir de esta situación. Esto se refleja particularmente en la pobreza infantil, donde los índices son alarmantes. En el caso de los menores de 15 años, según datos del INDEC, el 52.9% de ellos viven en situación de pobreza, y en algunas provincias ese número llega al 66%. Los hogares más pobres tienden a ser más grandes, con más miembros a alimentar, y con menos posibilidades de generar ingresos. A pesar de la Asignación Universal por Hijo y otros esfuerzos del Estado, la pobreza infantil sigue siendo extremadamente alta.
- Y esto se va a ver reflejado en el futuro, ¿verdad? Las futuras generaciones pagarán el costo de esta situación.
- Sí, ya estamos viendo los efectos. Un niño que crece sin la alimentación adecuada, con carencias en educación y salud, enfrenta dificultades desde el punto de vista cognitivo y físico. En el futuro, tendrán menos posibilidades de acceder a un trabajo de calidad, lo que perpetúa el ciclo de pobreza. Y este es un problema no solo individual, sino también social. Estamos hipotecando el futuro de gran parte de nuestra sociedad.
