El senador provincial Noel Breard (UCR) analizó en declaraciones radiales la adhesión de Corrientes al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la media sanción del Senado al Régimen de Regularización de Activos, impulsado por el presidente Javier Milei. Además, remarcó la importancia del debate abierto en torno a la licitación del puente que conecta Santo Tomé y San Borja.
Breard explicó que la adhesión de Corrientes al RIGI busca evitar que la provincia quede fuera de importantes oportunidades de inversión, tal como sucedió en la Provincia de Buenos Aires, que perdió un proyecto de 30 mil millones de dólares por no adherirse a esta ley.
El senador destacó que, aunque el RIGI es una ley nacional, su implementación en Corrientes es crucial para garantizar que sectores como la forestoindustria puedan aprovechar los incentivos previstos. “Si Corrientes no estaba adherida, las empresas podrían haberse trasladado a Misiones”, advirtió, subrayando la importancia de un marco jurídico adecuado para atraer y retener inversiones en la provincia.
Además, Breard recordó que el gobernador de Corrientes ha defendido consistentemente la industrialización como una política de Estado. "Es necesario darle un marco jurídico a la recuperación de empresas", afirmó, subrayando la relevancia de estas leyes para el desarrollo económico de Corrientes.
En paralelo, Corrientes también avanzó en la adhesión al Régimen de Regularización de Activos, sancionada por el Congreso Nacional. Esta medida, replicada en otras provincias, permite la exención de impuestos provinciales como ingresos brutos para aquellos empresarios que regularicen sus fondos. “Era necesario darle la misma competitividad a los empresarios correntinos que ya tienen empresarios de otras provincias”, afirmó Breard, destacando el papel activo de los jóvenes empresarios en este proceso.
PUENTE INTERNACIONAL, UNA INFRAESTRUCTURA CLAVE
Por otra parte, Breard se refirió a la situación del puente internacional de Santo Tomé, construido en 1979 mediante una iniciativa privada financiada por Argentina, Brasil y empresas adjudicatarias, al que calificó esencial para el comercio entre ambos países, con 700 camiones que lo cruzan diariamente.
El legislador remarcó que aunque la concesión del puente ya ha sido amortizada y el control pertenece a los Estados argentino y brasileño, el contrato sigue en manos privadas. Breard expresó su preocupación sobre los beneficios que debería recibir el municipio de Santo Tomé en este contexto, y enfatizó que cualquier obra pública concesionada debe tener "legitimidad democrática", lo cual, según remarcó, implica que la inversión o concesión debe dejar un impacto productivo en la región en términos de desarrollo, inversiones y servicios.
En ese sentido, el senador subrayó que a pesar de que la amortización del puente ya se completó, los ingresos generados por el peaje continúan y son cobrados por la concesionaria. “Hoy se pagan 90 mil pesos por camión, y son 700 camiones diarios”, señaló Breard.
En ese marco, la propuesta del Gobierno provincial es que los fondos que excedan los costos operativos sean destinados a las localidades de Santo Tomé y San Borja, para que esos recursos se reinviertan en el desarrollo local.
Finalmente, el senador resaltó la importancia de ejercer un mayor control sobre el manejo de los ingresos del puente, señalando que la Comisión Mixta Argentino-Brasileña es la responsable de supervisar su operación. Sin embargo, cuestionó la transparencia de las prórrogas del contrato de concesión, que han generado incertidumbre desde que se pagó la obra.
Breard concluyó manifestando su expectativa de que las autoridades consensúen un nuevo esquema en el que los beneficios del puente se distribuyan de manera más equitativa, beneficiando tanto a los usuarios como a las comunidades locales.
